En el marco del juicio llevado adelante por los agentes fiscales Natalia Fuster y Luis Piñanez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, contra el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Pastor Alvarenga Núñez, y su esposa,  presentaron este lunes los alegatos finales del caso y requirieron condenas de 8 años, y 2 años y 6 meses de cárcel para Alvarenga, respectivamente, así como el Comiso Especial Extensivo de bienes.

Ambos fueron acusados por la presunta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito. La causa había sido abierta tras hallarse indicios de no correspondencia con los ingresos del acusado como funcionario público y sus bienes.

En torno al caso, los fiscales anticorrupción realizaron diversas diligencias investigativas como, allanamientos, pericias, testificales; entre otras, que permitieron sostener la acusación contra los imputados.

Las investigaciones demostraron que, en el marco de los últimos diez años, el acusado registró un aumento desmedido en los bienes, que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, por lo que se concluyó que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública.

El mencionado aumento patrimonial excesivo consistió en la adquisición de múltiples vehículos automotores, la compra de un tractor, un vehículo cero kilómetro, así como el correspondiente pago de un cuantioso seguro para el mismo. Igualmente, la compra de diversos bienes e inmuebles; departamentos ubicados en diferentes edificios de la ciudad de Asunción, estancias de varias hectáreas, múltiples terrenos, y entre otras circunstancias la participación de uno de los miembros de la pareja como accionista en una empresa de seguridad.

Alvarenga, al ser designado comandante de la Policía Nacional en el año 2013, realizó la correspondiente declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República, declarando inmuebles por un valor de G. 226.000.000. Sin embargo, en el año 2015, al salir del cargo citado, declaró tener bienes inmuebles por G. 2.400.000.000.

Asimismo, el ahora encausado en el periodo abarcado desde el mes de octubre del 2005 hasta el mes de marzo del 2015, tuvo un total de ingresos de G. 1.124.580.247 (Mil ciento veinticuatro millones quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y siete guaraníes, en el ejercicio de la función pública, según el legajo de personal de la Policía Nacional, informados por la división de servicios personales de la dirección administrativa.

Se incluyen, además, los préstamos obtenidos de las cooperativas Coomecipar y 8 de marzo, para determinar el ingreso total del periodo, todo esto deducido del concepto de la jubilación.

No obstante, sus egresos de acuerdo a las pesquisas, totalizan el monto de G. 2.667.176.480 (Dos mil seiscientos sesenta y seis millones ciento setenta y seis mil millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta guaraníes). Resultando dicha ecuación en un déficit de G. 1.542.596.233 (mil quinientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y seis mil doscientos treinta y tres).

Por tanto, las magistradas dieron lugar al pedido del Ministerio Público, de ordenar el comiso especial sustitutivo de varios bienes del ex jefe policial, hasta cumplir con unos G. 1.110.986.525, que es el monto del déficit comprobado en el juicio.

Los bienes que deben ser decomisados una vez que la sentencia quede firme son las fincas ubicadas en el distrito de Mbocayaty, en Cordillera, además de dos departamentos ubicados en el tercer piso de un edificio asentado sobre Benjamín Constant casi Colón, del centro de Asunción.

También se resolvió aplicar al ex comandante la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años, contados desde que haya cumplido su condena.

Actualmente, el excomandante se encuentra cumpliendo una condena de 4 años por desvío de combustible que era asignado a la institución que estaba a su cargo.

El agente fiscal Silvio Alegre representó al Ministerio Público, en un juicio oral donde obtuvo la condena de 20 años de cárcel para un padre que abusó sexualmente de su hija.

Según quedó fehacientemente demostrado, los sucesos se registraron en la ciudad de Areguá, cuando la niña tenía 12 años. En tal sentido, el hombre abusó de la misma sistemáticamente e inclusive la amenazó de qué atentaría contra otros integrantes de la familia si la niña contaba lo ocurrido.

Sin embargo, a pesar del temor, la víctima decidió comentar a su madre los hechos sufridos,  ante lo cual ésta realizó la denuncia correspondiente que derivó en el inicio de la causa penal, siendo detenido posteriormente el ahora condenado a una elevada pena.

Las investigaciones al principio de la causa fueron llevadas a cabo por la fiscal Mirtha Ortiz y el juicio estuvo representado por el fiscal Silvio Alegre. El juicio oral se realizó en el Juzgado de 1ra Instancia de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo, estuvo integrado por los magistrados Oscar Rodríguez Massi, como presidente y, Leticia De Gásperi y Julio Granada, como miembros.

La causa había sido abierta tras hallarse indicios de no correspondencia con los ingresos del acusado como funcionario público y sus bienes. El juicio prosigue con las pruebas documentales.

En octubre de 2016, el Ministerio Público presentó la acusación y requirió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Las investigaciones demostraron que, en el marco de los últimos diez años, el acusado registró un aumento desmedido en los bienes, que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, por lo que se concluyó que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública.

El mencionado aumento patrimonial excesivo consistió en la adquisición de múltiples vehículos automotores, la compra de un tractor, un vehículo cero kilómetro, así como el correspondiente pago de un cuantioso seguro para el mismo. Resalta la compra de diversos bienes e inmuebles; departamentos ubicados en diferentes edificios de la ciudad de Asunción, estancias de varias hectáreas, múltiples terrenos, y entre otras circunstancias la participación de uno de los miembros de la pareja como accionista en una empresa de seguridad.

Alvarenga, al ser designado comandante de la Policía Nacional en el año 2013, realizó la correspondiente declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República, declarando inmuebles por un valor de G. 226.000.000. Sin embargo, en el año 2015, al salir del cargo citado, declaró tener bienes inmuebles por G. 2.400.000.000.

Asimismo, el ahora encausado en el periodo abarcado desde el mes de octubre del 2005 hasta el mes de marzo del 2015, tuvo un total de ingresos de G. 1.124.580.247 (Mil ciento veinticuatro millones quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y siete guaraníes, en el ejercicio de la función pública, según el legajo de personal de la Policía Nacional, informados por la división de servicios personales de la dirección administrativa.

Se incluyen, además, los préstamos obtenidos de las cooperativas Coomecipar y 8 de Marzo, para determinar el ingreso total del periodo, todo esto deducido del concepto de la jubilación.

No obstante, sus egresos de acuerdo a las pesquisas, totalizan el monto de G. 2.667.176.480 (Dos mil seiscientos sesenta y seis millones ciento setenta y seis mil millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta guaraníes). Resultando dicha ecuación en un déficit de G. 1.542.596.233 (mil quinientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y seis mil doscientos treinta y tres).

Igualmente, en el escrito conclusivo consta que, “Mirta Evelina Rotela, funcionaria nombrada en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con un salario de G. 3.360.000, por lo que de dicha circunstancia se desprende la imposibilidad absoluta de que adquiera bienes costosos y en gran cantidad”.

La mujer, igualmente entre octubre del 2005 y marzo 2015, tuvo ingresos de 755.734.863, entretanto un gasto de 1.261.628.371, representando un déficit injustificado de 505.893.508.

Los fiscales anticorrupción realizaron diversas diligencias investigativas como, allanamientos, pericias, testificales; entre otras, que permitieron formular la acusación contra los imputados y sostener con ellos que los mismos tenían una conducta típica, antijurídica, reprochable y por lo tanto punible.

Actualmente, el excomandante se encuentra cumpliendo una condena de 4 años por desvío de combustible que era asignado a la institución que estaba a su cargo.

El procesado se encontraba privado de su libertad desde el pasado viernes en sede de la Comisaría 9ª de Limpio, cuyo titular, el Crio. Princ. Silvio González, informó que el detenido fue remitido al Departamento Judiciales de la Policía para luego ser remitido a la cárcel de Tacumbú para dar cumplimiento a lo dispuesto por la magistrada.

Según los antecedentes, la denuncia fue promovida por la ex pareja del funcionario Municipal.

La fiscal de Luque, Sonia Pereira, en octubre pasado imputó a Carlos Dávalos por el hecho punible de violencia familiar y ordenó su detención.

Luego, el procesado se presentó y el juzgado le otorgó arresto domiciliario. Sin embargo, el funcionario violó su medida y la jueza Idoyaga revocó la resolución y ordenó su remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La representación fiscal, logró probar durante el Juicio Oral y Público a través de  los elementos producidos en la etapa investigativa, que el mismo es el responsable de los hechos por los que había sido acusado por el Ministerio Público.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Leticia De Gasperi.

Según el relato de los hechos, el suceso se habría producido en reiteradas ocasiones en el domicilio del condenado, quien era el encargado de buscar a la niña de la escuela. En ese entonces la pequeña tenía 8 años.

La denuncia fue formulada por la madre de la víctima, ante el Juzgado de Paz de la localidad para posteriormente realizar la denuncia policial, en la Codení y por último en el  Ministerio Público en fecha 30 mayo del 2019. La madre de la pequeña halló indicios que fueron confirmados por la pequeña.

También el hecho fue descubierto por un adolescente de 16 años, nieto del condenado, quien encontró una tarjeta de memoria en el que se hallaban las filmaciones de lo ocurrido, cuyo material que fue enviado a la madre de la víctima.

C.R.F.M. fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. En la audiencia, la agente fiscal logró la condena de 18 años de pena privativa de libertad para el acusado que abusó de su hijastra.

La representación fiscal pudo comprobar con pruebas fehacientes ante un Tribunal de Sentencia la responsabilidad en el hecho del acusado. Entre ellas se mencionan el testimonio de la niña a través de la Cámara Gesell e informes de profesionales psicológicos, médicos forenses e informe socioambiental, además de las declaraciones de testigos.

La denuncia fue formulada por la madre de la víctima, quién le manifestó de los constantes abusos y manoseos sistemáticos que sufría por parte de su padrastro, quien además lo tenía amenazada.

El sujeto cometió actos sexuales desde el 2013 cuando la niña tenía 7 años hasta marzo del 2018 cuando la menor tenía 12 años. El hecho se produjo en Luque.

El condenado manoseaba a la niña en sus partes íntimas y la obligaba a que lo hiciera lo mismo con él. Asimismo, le produjo desgarros en intentó cometer el coito, pero la niña pudo defenderse, según la acusación fiscal.

El juicio se hizo en Fernando de la Mora. El Tribunal estuvo presidida Natalia Muñoz e integrados por Pedro Nazer y Victoria Ortiz.