El presunto depravado fue identificado como Alberto Pereira González, de 56 años, domiciliado en el barrio Bella Vista, Luque.

El procedimiento tuvo lugar en la mañana de este miércoles, siendo las 06:00, en las calles Azara casi Tte Rojas Silva Segundo Barrio de la Ciudad de Luque, indica el parte policial.

Según el Sistema Informático de la Policía Nacional, Pereira González registra orden de captura (Oficio Fiscal N° 814, de fecha 17/12/2018, Causa N° 1245/2018, en los autos caratulados “INVESTIGACIÓN FISCAL S/ S.H.P. C/ NIÑOS Y ADOLESCENTES, ABUSO SEXUAL EN NIÑOS”,  emanada y firmada por la fiscal, Mirtha Riva, de la Unidad Penal N° 2 de la ciudad de Villeta.

ACTUACION POLICIAL

Agentes de la Comisaria, a bordo del Móvil C-30, se encontraban realizando patrulla preventiva en la dirección mencionada, momento en que visualizaron a una persona de género masculino circulando a pie con actitud poco común, por lo que se procedió a su verificación e inspección y al consultar por su número de Cédula de Identidad Civil al Sistema Informático de la Policía Nacional, constatando la orden de detención, según el informe policial.

Seguidamente, se procedió al traslado del sujeto hasta la dependencia policial para el procedimiento de rigor.

El detenido, Alberto Pereira González, se encuentra en esta dependencia policial a disposición de esa Unidad Fiscal de la causa, informaron.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma tomó declaración este viernes a dos funcionarios de la Dirección General de Migraciones, identificados como María del Carmen Guex Caballero (43) y Carlos Giacummo P. (39), quienes luego fueron imputados por la comisión del hecho punible de Frustración a la Persecución y Ejecución Penal. El representante del Ministerio Público dispuso su detención preventiva.

Según las pesquisas, la mujer habría registrado el ingreso al país del supuesto narcotraficante procesado por protagonizar presuntamente un mega esquema de Tráfico de Drogas, José Alberto Insfrán Galeano (50), el 8 de julio en horas de la mañana. Conforme con los datos recabados, la ahora imputada presuntamente cargó los datos de la cédula del sujeto al sistema informático, aunque omitió varios procesos necesarios como por ejemplo, no escanear el documento, ni tomarle foto al ingresante, como debiera ser hecho de acuerdo al protocolo. Igualmente, habría omitido la orden de captura vigente con respecto a Insfrán sobre quien pesa una alerta en el sistema para una revisión secundaria, además de otros detalles necesarios, vinculados a los datos del vehículo en el cual se transportaba el hombre.

Asimismo, Giacummo P. habría borrado algunos datos del alerta que surgía del sistema informático, un par de horas después del presunto ingreso de Insfrán, cuyo paradero es desconocido. En el marco de la investigación, dias atras se incautaron la memoria del circuito cerrado, en la búsqueda de esclarecer el caso.

Sobre el caso, el representante del Ministerio Público refirió, ‘’Hemos podido constatar la forma en que funciona el sistema informático y es muy poco probable que ambos funcionarios no se hayan percatado de la alerta surgida a raíz de la carga de datos, lo cual significa que a consciencia habrían omitido pasos protocolares. Las manifestaciones de los ahora encausados no tienen respaldo suficiente considerando los elementos recabados hasta el momento’’.

En el marco de la investigación llevada a cabo por la agente fiscal Silvia Cabrera, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, sobre el cobro irregular del Programa Pytyvõ, donde más de 40 personas, sin reunir los requisitos establecidos en el decreto presidencial, cobraron irregularmente el subsidio estatal otorgado como consecuencia de la pandemia Covid-19.

En ese sentido un total de 46 personas han abonado el monto de G. 548.210 cada uno, totalizando la suma de G. 25.217.660 devueltas al Estado mediante el depósito a una cuenta judicial abierta a nombre de la causa que fue efectivizado en su totalidad.

 En ese sentido, prosiguen los operativos de búsqueda en zonas de la Chacarita y del Bañado Sur.

Según los antecedentes, el 24 de junio pasado se reportó la desaparición del menor.

En principio, la fiscal Fátima Girala ordenó la búsqueda y localiación de José Miguel, y posteriormente imputó a su madre Josfina Duarte, por varios hechos punibles.

Se trata de Karina Sarno, de nacionalidad argentina. Además, se cotejará si cuenta con registro para ejercer la profesión de médico en Paraguay.

Tras el hecho de vulneración de los derechos a la salud del niño, de manera conjunta la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y la CODENI, procedieron a contactar con los padres del niño con la finalidad de verificar el estado de la salud del paciente.

Los padres se presentaron ante la Fiscalía en donde fue realizada la denuncia correspondiente por el Hospital General de Luque.

Posteriormente, el Pediatra inspeccionó al niño, ante la presencia de las autoridades de dichas instituciones.

Se realizó la observación a los padres, de la responsabilidad de velar por la salud y la integridad del pequeño y que seguirá realizando el seguimiento del caso.

INGRESÓ COMO TURISTA

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, confirmó este lunes a una radio capitalina sobre la situación migratoria irregular de la médica argentina Karina Sarno, quien fue denunciada ante la Fiscalía de Luque por atropellar el Hospital Regional para retirar a un niño, que debía quedar internado por un cuadro respiratorio.

La médica ingresó al país el año pasado como turista por un periodo temporal de 90 días, cuya estadía ya venció, por lo que actualmente está de manera irregular, según Migraciones.

La Dirección General de Migraciones aguarda la intervención del Ministerio Público para solicitar el movimiento o trámite de residencia de la ciudadana argentina para informar al respecto.

La extranjera podría ser procesada y luego expulsada del país, según su situación judicial.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió en el año 2020, en la ciudad de San Antonio, en donde el ahora condenado J.C.L.A. habría abusado sexualmente de su vecina, de 11 años de edad, que derivó en la denuncia ante el Ministerio Publico y posteriormente la investigación.

También se destaca que se realizó ADN con apoyo del Laboratorio Forense, dando positivo y en conjunto con las demás pruebas se logró una alta condena.

Este lunes, el Tribunal de Sentencia de Luque, presidido por el juez Julio López, encontraron al acusado culpable del hecho punible de Abuso Sexual en Niños (con coito) y fue condenado a 15 años de pena privativa de libertad.