Los agentes fiscales Osmar Legal y Alma Zayas intervienen en la causa abierta que investiga la supuesta participación de un funcionario del Poder Judicial, identificado como Néstor Zárate, quien fue detenido in fraganti al intentar sustraer un cheque del Juzgado del Magistrado, Rolando Duarte. 

En el relato de los hechos ocurridos en el operativo, se especifica que el funcionario fue detenido tras haber mantenido el encuentro con otro funcionario a quien le habría ofrecido dinero, a cambio de ubicar un cheque que se encontraría en el Juzgado de Garantías N° 9, a cargo del magistrado Rolando Duarte.  

Según los datos, este cheque formaría parte de los cheques que fueron sustraídos con anterioridad y que luego fueron recuperados. Dichos cheques pertenecen a la causa de Ramón González Daher. El detenido habría entregado ya parte de la suma de dinero que le había prometido al funcionario del referido magistrado a cambio de la obtención del cheque. 

Una menor de 16 años habría sido víctima de un hecho de aborto en la Clínica Sosa, allanada por la comitiva fiscal y policial. En el lugar se encontraron evidencias que estarán sujetas a peritaje. Además, fue allanada otra vivienda en el barrio San Carlos, de Luque.  

Los imputados son: 

C.C.L.S. por la supuesta comisión del hecho punible de aborto y violación del deber del cuidado o educación. La representación fiscal requirió como medida cautelar la prisión preventiva.  

V. F. (48) por la supuesta comisión del hecho punible de aborto y con pedido de arresto domiciliario.  

A.P.F. (30) por la supuesta comisión del hecho punible de Aborto y se requirió al Juzgado Penal de Garantías que dicte la prisión preventiva.  

Asimismo, están imputados Juan Felipe Chávez (61) por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. La Fiscalía solicitó como medida cautelar la Prisión Preventiva. Gladys Lorena Medina Vera (38) por la supuesta comisión del hecho punible de aborto y se solicitó el arresto domiciliario. Sofía Eliodora Sosa (53) por el hecho punible de aborto y se pidió al Juzgado como medida cautelar la prisión preventiva. 

Según los antecedentes, C.C.L.S. habría facilitado la práctica de aborto a la menor de 16 años (con dos meses de gestación), en fecha 21 de setiembre del 2022, a las 13:00, aproximadamente. 

La menor fue trasladada a bordo de un vehículo que conducía A.P. hasta la “Clínica Sosa”, situada en la ciudad de Fernando de la Mora. En tanto, V. F. y A.P., supuestamente indujeron a la menor para acceder al procedimiento quirúrgico a fin de interrumpir el embarazo.  

Así también, Juan Felipe Chávez se encontraba en el sitio donde se le práctico el aborto a la menor y Gladys Medina (enfermera) habría hecho un procedimiento quirúrgico en la misma Clínica junto con Sofía Sosa que se desempeñaba como obstetra. 

La mencionada Clínica ya se encontraba clausurada por el Ministerio de Salud Pública, debido a que no contaba con la habilitación correspondiente para operar, según informaron los intervinientes. 

Unger presentó pruebas documentales, testificales y peiciales, con las que demostró fehacientemente en juicio oral y público la culpabilidad del procesado Zacarías Ezquequiel Alvarenga.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 17 de noviembre de 2019, en Caguareí, distrito de José Fassardi, Departamento de Guairá.

Resultó víctima fatal del hecho Darío Báez.

El relato de los hechos indica que hubo una fiesta de 15 años en el domicilio de Justiniano Arzamendia. En un momento dado, Báez salió del lugar y fue interceptado por Zacarías Ezequiel Alvarenga, quien le da un empujón y luego saca un arma blanca de la cintura, seguidamente apuñala su víctima ocasional.

El herido vuelve a ingresar a la casa, pero unos metros después cae, siendo auxiliado por los presentes, quienes lo llevan al Centro de Salud del citado distrito y fue remitido al Hospital Regional del Guairá, donde se produce su deceso.

Una vez cometido el hecho, el victimario se dio a la fuga en una zona boscosa, pero efectivos policiales lograron aprehenderlo ese mismo día.

Los agentes son Luis Alberto Zelada, y Cristhian Daniel Ramos Agüero, imputados por hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, estos dos últimos hechos,  conforme a las disposiciones previstas en la Ley especial de Armas, aclaran.

El pasado 17 de setiembre,  entre las 07:00 y las 10:00, aproximadamente, el suboficial inspector Cristhian Daniel Ramos Agüero, cumpliendo funciones en la Armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional, ubicada sobre las calles Paraguayo Independiente y Chile de la ciudad de Asunción.

Del lugar, el sospechoso habría sustraído 2.500 unidades de municiones sin percutir, calibre 9x19mm, propiedad de la Policía Nacional, correspondientes al Programa N° 10 de la Tesorería de Operaciones contra grupos criminales, las cuales se habrían encontrado resguardadas en el interior de la referida armería.

Valiéndose del acceso al lugar de resguardo, habría trasladado por tandas, los 2.500 cartuchos hasta su vehículo particular.

El mismo día, y siendo aproximadamente las 12:00, el suboficial mayor Luis Alberto Zelada,  personal interno de la Agrupación de Seguridad, y quien en ese momento se encontraba con reposo médico habría llegado al lugar de los hechos y requerido la entrega de las municiones sustraídas, comprometiéndose a abonar a Ramos Agüero la suma de G. 8.000.000. Una vez en posesión de los mismos habría abandonado el sitio.

Con posterioridad a la entrega, Luis Zelada habría efectuado un primer pago,  por la suma de G. 1.000.000 y se encontraría pendiente la entrega de G. 7.000.000 restantes, según la pesquisa fiscal.

Para ello, y en el contexto de las negociones, los suboficiales habrían mantenido conversaciones previas a través de las cuales habrían coordinado las acciones tendientes a la sustracción de los cartuchos y el pago acordado.

El hecho habría sido advertido el día 21 de setiembre de 2022, tras la verificación efectuada por disposición de la jefatura de la Agrupación de Seguridad y del Encargado de la Verificación del Inventario de Armas, Equipos y Municiones.

Conforme a la información preliminar obtenida, parte de los cartuchos sustraídos habrían sido comercializados a narcos en Pedro Juan Caballero, con la intermediación de uno de los presuntos autores.

Alegre dijo a Luque Noticias que los detenidos guardarán prisión preventiva en la cárcel de Emboscada, según ordenó el juzgado Penal.

“Por la gravedad del hecho (dejó sin el servicio a varios usuarios de Copaco), y la falta de arraigo, se decretó la prisión preventiva de los procesados, quienes se exponen a 7 años y seis meses de prisión”, explicó a Luque Noticias el fiscal de la causa.

El dúo que se hacía pasar como recicladores fue filmado cuando hurtaban los cables de Copaco en las calles céntricas de Luque. Uno de los ladrones subió hasta la copa de un árbol para cortar el cable y descendiendo al estilo Tarzán.

Luego, ambos fueron aprehendidos por la Policía y en un carrito encontraron el cable hurtado.

Fueron trasladados hasta la Comisaría Tercera. Se labró el acta y se procedió a comunicar el procedimiento al fiscal Alegre, quien formuló la imputación por los hechos punibles de hurto y perturbación de las instalaciones de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, el agente fiscal requirió al Juzgado la prisión preventiva para ambos procesados, quienes ya fueron remitidos al Departamento Judicial de la Policía Nacional y finalmente al lugar de reclusión.

En principio, el celoso hombre dio positivo a la prueba de alcotest (0.85 Mg/L) tras caer en la cuneta. Luego, su novia presentó la denuncia por intento de arrollamiento en una estación de servicios y el fiscal ordenó su detención.

El suceso ocurrió en la madrugada del lunes, cuando Mendoza al mando de su camioneta embistió a una mujer en una estación de servicios en la compañía Maramburé, de Luque, y luego escapó del lugar.

En su huida, el conductor perdió la dirección y fue a caer en una cuneta a la vera de la calle Hernandarias, en donde intervino la Policía y se comprobó que el hombre estaba alcoholizado.

Más tarde se supo que atropelló a su pareja y luego vuelve a chocar por el auto de la mujer. El caso fue comunicado a la Fiscalía, informó el Crio. Princ. José Acosta, jefe de la Comisaría 60ª de Maramburé.

Por su parte, el fiscal Silvio Alegre, ordenó la detención del hombre y la Policía procedió a su captura en el mismo día del suceso.

Este martes, el fiscal formuló imputación contra el procesado por dos hechos punibles y solicitó su prisión preventiva, según informó Alegre a Luque Noticias.