Un Tribunal de Sentencia halló culpable y condenó a una pena privativa de libertad de 4 años y 7 meses al automovilista Ángel Rubén Fernández Agüero, quien provocó un fatal accidente, registrado en agosto del año 2017, sobre la ruta vieja Gral. Elizardo Aquino.

Resultó víctima fatal en aquel accidente Juan Carlos Marmolejo Berdejo, de 44 años, quien dejó huérfanos de padre a varios hijos menores, uno de ellos de apenas 2 años.

Según la investigación fiscal, Fernández Agüero fue procesado, imputado y ahora condenado por los hechos punibles de “omisión de auxilio, obstrucción al daño en accidente de tránsito y homicidio culposo en calidad de autor”.

Durante el proceso de investigación, el automovilista obtuvo arresto domiciliario, y ahora el Juzgado de Ejecución deberá disponer si pasa a guardar prisión en la cárcel o ya cumplió la condena, explicó el fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Penal N°2 de la Fiscalía de Luque.

“Con las pruebas producidas en el Juicio oral y público: testimoniales, documentales y periciales se pudo comprobar de la existencia de concurso de Hechos punibles: Omisión de auxilio, obstrucción al daño en accidente de tránsito y homicidio culposo en calidad de autor”, refirió Escobar.

El Tribunal de Sentencia de Luque estuvo presidido por la jueza Isabel Meza e integrados por Nancy Adorno y Numilia González. El juicio oral y público se llevó a cabo este viernes en el Juzgado de Luque.

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, el fatal accidente ocurrió en la noche del 9 de agosto del año 2017, en la ruta Gral. Elizardo Aquino y Lapacho, zona de Ñu Guasu.

El informe pericial revela que el automovilista sin tomar la debida precaución realizó un giro en la ruta, saliendo en el carril del motociclista que ya no tuvo tiempo de frenar, produciéndose el choque.

A raíz del encontronazo, el motociclista salió despedido y cayó al pavimento, sufriendo graves heridas. Murió tras varios días de agonía en un centro asistencial.

Sin embargo, el automovilista huyó del lugar, y gracias a la cooperación de los testigos se lo pudo identificar, mediante la chapa de su vehículo. Luego fue detenido y procesado. La condena se dio a casi 6 años de aquella tragedia.

El procedimiento fue ejecutado en el marco de la investigación luego de la denuncia pública de un cliente a través de las redes sociales, mostrando que un hombre estaba descargando combustible de dudoso origen en el tanque de la estación de servicio que opera con el Estado.

 “Allanamiento de una Estación de Servicio del Emblema Petropar, a raíz de la viralización en redes sociales sobre un vehículo que estaba descargando combustible de forma irregular,  a cargo del personal del Dpto. Esp. C.H.P. Económicos, Ministerio Público, Aduana (COIA), INTN y MIC”, según publicó la Policía este martes.

La fiscal Ingrid Cubilla explicó a Luque Noticias que en la mañana de este martes se procedió a intervenir el servicentro tras la viralización de la denuncia por redes sociales y medios de comunicación sobre descarga irregular de combustibles.

En ese sentido aclaró que los técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con su laboratorio móvil analizaron los cinco tipos de combustibles comercializados en el lugar, y que el resultado indicó que están dentro de los parámetros normales para la comercialización.

Agregó que los técnicos de Petropar también realizaron un análisis previo de los combustibles, también arrojando el mismo resultado.

Explicó que conversó con la propietaria del local, Gloria Laterra, quien argumentó que se “quedó sin stock” en el servicentro de 3 de Mayo y mandó traer de otra estación de servicios de su propiedad para reabastecerse”.

Según la fiscal Cubilla, al no encontrar elemento suficiente para proseguir la investigación penalmente, correspondería la apertura de un sumario administrativo de las autoridades aduaneras en averiguación de la sospechosa descarga que realiza la empresa en su servicentro para determinar si corresponde una falta administrativa.   

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, el jueves posado un cliente de la estación de servicios «San Andrés, que opera con el emblema Petropar, ubicado en la zona de 3 de Mayo, camino Luque-Areguá, sorprendió a plena luz del día a un presunto contrabanadista, descargando combustibles desde una furgoneta en el tanque del servicentro, violando medidas de seguridad.

La sospecha generalizada de los clientes es que la empresa estaría reduciendo combustibles ingresados desde la Argentina a Paraguay, mediante el contrabando.

El video en cuestión se hizo viral en las redes sociales tras ser compartido por el cliente, quien se sintió indignado ante el grave hecho detectado a plena luz del día y sin temor a nadie.

Los internautas exigieron la intervención del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y de la propia Fiscalía para investigar de oficio el supuesto contrabando y comercialización de carburantes de dudoso origen.

Este martes, tardíamente la Fiscalía allanó el servicentro en cuestión, y cómo era de suponerse, ya no encontró evidencias para proseguir la investigación penalmente.

La investigación del Ministerio Público está caratulada como: “Buenaventura Ferreira Florentín s/ Invasión de Inmueble Ajeno en Gral. Eugenio A. Garay”.

La audiencia de indagatoria fue fijada para este viernes, a las 10:00, en la Unidad Penal N°4 de la Fiscalía de Villarrica.

El procesado deberá acudir acompañado de un abogado de su confianza para brindar su declaración sobre el hecho que se le imputa en el marco de una investigación penal.

La denuncia fue promovida en diciembre pasado por el docente Joaquín Centurión, propietario del inmueble asentado en la compañía San Roque González de Santacruz (KM 22), jurisdicción de la localidad de General Eugenio A. Garay, en el Departamento de Guairá, según el título de propiedad acreditado ante la Fiscalía.

El asistente fiscal, Rodrigo Isaurralde, encabezó la constitución en el inmueble el pasado 20 de febrero y comprobó fehacientemente que el presunto invasor se encontraba nuevamente ocupando el lugar en forma irregular.

La comitiva fiscal y policial levantó un acta de procedimiento que obra en el expediente abierto en averiguación de la denuncia penal contra Ferreira Florentín.

Según los antecedentes, el propietario alquiló su propiedad a Ferreira del 2016 al 2020. Luego, el inquilino se negó a salir del terreno y finalmente llegaron a un acuerdo formal para abandonar el sitio.

Sin embargo, el año pasado el ahora procesado volvió a ingresar en la propiedad y la denuncia se realizó en diciembre último en la Subcomisaría 11ª San Roque González (KM 22), jurisdiccional.

Tras comprobarse el hecho punible de invasión, la Fiscalía convocó a Buenaventura Ferreira a una indagatoria para este viernes,  para proseguir con la investigación y definir la imputación del procesado.

DENUNCIAS NO AVANZAN

Buenaventura Ferreira Florentín es un conocido personaje en KM 22, de Gral. Eugenio A. Garay, en donde mantiene en zozobra a toda la comunidad, según los propios vecinos.

Cuenta con varias causas abiertas en las diferentes unidades de la Fiscalía de Villarrica, pero llamativamente las pesquisas no avanzan, señalaron.

Algunos de los casos son por producción de riesgos comunes, transgresión a la Ley de Armas, coacción, delito ambiental, y hasta abigeatos, a cargo de los fiscales Martín Escalada, María Unger, Erico Ávalos y Alcides Espínola.

Ante el casi nulo avance de las causas contra Ferreira en el Ministerio Público, los vecinos juntaron firmas para exigir justicia, mientras el principal sospechoso sigue libre y amedrentando a los que se atreven a denunciarlo.

Los temerosos pobladores no descartan que el sujeto cuente con protección policial de la zona para seguir cometiendo fechorías y atropellos, pese a las reiteradas denuncias que obran en la Subcomisaría local y Ministerio Público de Villarrica.

En sesión extraordinaria de este jueves, el presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Oscar Salomón, tomó juramento a Emiliano Rolón como nuevo fiscal general del Estado, quien se comprometió a “aplicar la justicia sin distinciones”.

En su discurso, Rolón anunció una “apertura de la Fiscalía” de modo a que la ciudadanía pueda realizar una consulta popular en todo el territorio nacional. Al respecto, adelantó visita a varias localidades del país porque el “fiscal debe ser un representante en movimiento”. «Con seguridad estaré presente en los principales escenarios de la institución», dijo.

“Hoy nos reunimos para celebrar un acontecimiento republicano, la instalación de un nuevo miembro del Ministerio Público, un componente más que debe erigirse en titular de la persecución penal pública sin hacer distinciones, debe erigirse también en hacerse eco de la representación de la ciudadanía”, expresó ante el Congreso.

Admitió que asume este gran desafío a sabiendas de que no estará en un sitio de confort pero con la satisfacción de servir a la gente y administrar la justicia.

En su mensaje a la ciudadanía dijo que “aquel que infringe la ley  tiene las consecuencias de las sanciones correspondientes”. «La promesa firme mía de que tengo un modo de ser diseñado desde siempre con apego a la ley y sin preferencia a las partes», expresó.

En esa misma línea, añadió que “el conflicto penal que tiene cualquier sujeto es un problema de él, no mío, lo mío está en diseñar un debido proceso, observar las garantías y llevar los casos relevantes a su concreción”.

Continúo enfatizando que «el norte ‘Estado de derecho’ está instalado en nosotros, es lo que tiene la protección constitucional y la comunicación de esos avances en los esquemas de reformas sean fundamentales».

“Estoy complacido con esta misión, sé que no es fácil pero la promesa firme de que haré mi mayor esfuerzo para que esto se concrete y en los próximos cinco años pueda despedirme con dignidad, así como lo hice con mis compañeros de la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.

Según quedó demostrado, en la madrugada del 8 de diciembre del año pasado, César Ortiz González se encontraba junto a Hugo Orlando Ortiz y Osvaldo Ortiz, compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas, en su vivienda ubicada en el barrio Virgen de la Asunción, de Mbocayaty, departamento Guairá.

En un momento dado, se produjo una discusión que derivó en que el ahora condenado se abalance contra Hugo Ortiz, propinándole golpes de puño, y luego con un palo, lo golpeó en la cabeza, dejándolo tirado e inconsciente, hasta las 13:00 de ese 8 de diciembre.

Asimismo amenazó a su tío Ortiz de que no se meta en el asunto ni cuente la situación a nadie.

Ese mismo día fue hasta la casa de su vecina, hermano de la víctima, a comentarle la situación. Ante ello, se produjo el aviso a los bomberos, quienes acudieron al sitio y Hugo Ortiz fue derivado al Hospital Regional de Villarrica, produciéndose su deceso horas más tarde por traumatismo de cráneo encefálico.

El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, imputó a la agente fiscal de San Lorenzo Ana Girala López, su asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y al abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.

En la causa, esta misma representación fiscal había formulado imputación contra Liz Elena Martínez Robles, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por la supuesta comisión de los hechos punibles de tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado, con relación a la denuncia formulada ante ésta unidad penal por un hombre a quien habrían solicitado una suma de dinero a cambio de una salida procesal para su hijo procesado por homicidio doloso.

De acuerdo a la imputación se trata de un pedido de G. 25.000.000 y posteriormente G. 7.000.000 que debía cumplir una vez realizada la audiencia preliminar.

La causa penal se encuentra en su etapa preparatoria y de dichas diligencias han surgido elementos de sospecha respecto a la participación de la agente fiscal, su asistente y secretaria en los hechos investigados.

El Ministerio Público ha practicado diligencias que denotarían que los hechos imputados en fecha 17 de febrero de 2.023, no serían los únicos que tengan relevancia penal y que además de las ya imputadas, existirían otros participantes, cuyas conductas habrían lesionado varias leyes penales.

La fiscal Girala López, presuntamente habría recibido constantes reportes por parte de la secretaria fiscal Griselda Acha, quién a su vez, era comunicada del estado de las tratativas con los procesados Derlis Garcia y Richard Hermosilla, por parte de la abogada Liz Martínez.

De esa manera, la agente fiscal habría tenido la posibilidad de manejar la situación y ajustar detalles en torno al monto de las sumas de dinero que pactaría, acorde a cómo iban avanzando las tratativas encomendadas a la abogada Liz Martínez.

La agente fiscal habría recibido reportes por parte de la secretaria fiscal Acha respecto a la posibilidad de “cerrar” el trato con Richard Hermosilla pero que la abogada Liz Martínez necesitaba saber la salida que le daría en la audiencia preliminar y ante ello, la mencionada agente fiscal se habría comprometido en ese caso a un “procedimiento abreviado” para ambos procesados a su cargo.

La agente fiscal se habría encargado de instruir a las funcionarias sobre cómo debían proceder con los abogados, víctimas o procesados, las dirigía de manera a que atiendan que no sean descubiertas y que no corran peligros los planes de “recaudaciones” que ponían en marcha.

Entre las tres funcionarias se llegaba al acuerdo acerca de las peticiones que realizarían para “beneficiar” a los usuarios del sistema judicial de manera indistinta en algunos casos y en otros de manera conjunta o paralela, habrían procedido a comunicarse con los abogados de su confianza en algunas oportunidades y en otras, de manera directa con las víctimas o procesados, para solicitar y aceptar los “beneficios indebidos” que acordaron entre las tres.