En el juicio oral, el representante del Ministerio Público logró probar la participación del acusado, Eliseo Ramón Barboza Blanco, de 20 años, en el asalto ocurrido el 24 de abril del año 2019, en el barrio Fátima, de San Lorenzo, departamento Central.

El fallecido fue identificado como Jorge Luis Ferreira Silguero, quien recibió un disparo directamente a la altura del pecho en medio a un asalto.

Según los antecedentes, la hermana de la víctima llegaba a su casa a bordo de su vehículo cuando fue interceptada por dos sujetos quienes portaban armas de fuego y pasamontañas.

La mujer fue reducida por uno de los asaltantes quien le apuntó a la cabeza, al momento de exigirle la entrega del dinero, iniciándose un forcejeo ocasión en que pudo sacar el pasamontañas a su agresor.

En ese momento, su hermano salió para defenderla y fue herido mortalmente en el pecho. Los sospechosos revisaron el rodado y al no hallar dinero se dieron a la fuga.

El sindicado fue detenido tiempo después por los policías, en el marco de las investigaciones.

Luego de analizar las pruebas arrimadas por la Fiscalía en el juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia de Luque, presidido por la jueza Alicia Orrego condenó a Barboza Blanco a 22 años de prisión.

Durante el desarrollo del juicio oral se demostró que el acusado, en su calidad de progenitor omitió cumplir con su obligación de asistencia, la cual además; fue dispuesta por una resolución judicial dictada por el juzgado de la niñez y la adolescencia.

En el caso juzgado se demostró que la cuenta Judicial nunca registró movimiento alguno y que el mismo pese a contar con capacidad material para cumplir con dicha obligación, no lo hizo.

Cubilla sostuvo que el hecho debe ser valorado desde la perspectiva de que casos como este implica violencia económica tanto para el hijo, víctima directa por ser el titular de la asistencia como también para la madre, quien sufre en su misma calidad de vida el impacto de la omisión de asistencia económica del coobligado.

La representante del Ministerio Público solicitó la pena de 4 años de pena privativa de libertad contra el procesado, la cual fue admitida por el Tribunal de Sentencia en voto mayoritario y además ha dispuesto la revocación de las medidas y la remisión directa al establecimiento penitenciario.

La agente fiscal mencionó que la condena dictada constituye un precedente para hacer visible en nuestra sociedad las repercusiones y la vida cotidiana de las mujeres que crían solas como hechos que implican violencia de género.

En ese sentido, la fiscal interviniente solicitó que los médicos forenses del Ministerio Público y del Poder Judicial se constituyan en su lugar de reclusión a fin de verificar el estado de salud del procesado. Asimismo, pidió informe a la Penitenciaría a fin de que expliquen el motivo por el cual no lo llevaron.

Ante dicha situación, el Tribunal suspendió el juicio y libró oficio para que se constituyan los médicos forenses y remitan informe en el plazo de 3 horas .

Refieren los antecedentes que el caso inició cuando González Daher querelló por estafa a Salvador Dionisio Aquino; lo llevó a juicio oral pero luego fue absuelto. Luego, Aquino querelló a González Daher por denuncia falsa, por lo que la fiscal Ledesma lo imputó por ese hecho, además de extorsión.

Ramón González Daher posee una condena de 15 años anterior por lavado de dinero y usura, confirmado en dos instancias, además de otros procesos abiertos en etapa investigativa.

Los antecedentes preliminares del caso mencionan que el imputado, entre los años 2014 y 2018, habría realizado sexuales actos con su hermana materna y supuestamente la mantuvo amenazada con dañar a su padre si revelaba a alguien lo que le hacía.

Presumiblemente, el autor sometió sexualmente a la menor aproximadamente en 5 (cinco) ocasiones, cuando la misma tendría entre 7 y 11 años de edad, tanto en la casa de la menor ubicada en la ciudad de Luque, como así también en la vivienda de una tía de ambos, aparentemente aprovechándose de la inocencia y la indefensión de la niña.

El agente fiscal una vez que tuvo conocimiento del supuesto hecho de abuso sexual, denunciado por la directora y un profesor de la institución educativa a la cual la víctima acude al colegio, dispuso la constitución inmediata en el colegio e hizo llamar a la madre de la víctima para que acompañe el procedimiento realizado por el Ministerio Público referente a la contención psicológica preliminar por parte del Centro de Atención a Víctimas y así también en Clínica Forense del Ministerio Público para la inspección correspondiente.

La víctima quien ahora es adolescente, contó el supuesto hecho a un docente de la institución a la cual acude a clases.

En prosecución a la línea de investigación, el fiscal Augusto Ledesma Blasser, por resolución ordenó, la detención del supuesto agresor y emitió oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, a fin de que una vez detenido sea puesto a disposición de la unidad fiscal interviniente.

Por medio, y a través de trabajo de inteligencia realizado por la unidad fiscal gracias a las fuentes abiertas de información y personales policiales de la Comisaría 27ª Central de Piquete Cue- Limpio, quienes acompañaron el procedimiento, se logró ubicar al supuesto agresor, a quien se lo detuvo en la vía pública sin oponer resistencia y se le hizo saber sobre sus derechos y garantías que le asisten conforme al Art. 12 y 17 de la Constitución Nacional.

Seguidamente, el fiscal imputó al sospechoso por el hecho de abuso sexual en niños. La investigación continúa.

Christian Manuel López fue condenado como autor a 22 años, y Edison Nicolás Escobar Lezcano, a 16 años cómo cómplice, informó la fiscal Ingrid Cubilla, quien representó a la Fiscalía.

El Tribunal estuvo presidido por la jueza Lilian Flores y como miembros  Blas Imas y Alicia Orrego. El juicio oral y público se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia de Luque.

Los condenados están recluidos en la cárcel de Emboscada, informó la fiscal Cubilla.

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, Erwin Cabrera intentó defender a su novia y fue asesinado a puñaladas por dos motochorros.

El asalto con derivación fatal ocurrió en la mañana del domingo 19 de octubre del año 2019, sobre la ruta Coronel Martínez, en la cercanía de la Parroquia San Rafael Arcángel, en Luque.

El infortunado hombre acompañó hasta la parada de colectivo a su novia, cuando fueron atacados por desconocidos. Erwin tenía solo 23 años.

Según la novia de la víctima, María de Los Ángeles Sanabria, estaban esperando colectivo para ir a trabajar en una farmacia de Asunción.

Los delincuentes pasaron por el lugar a bordo de una motocicleta, pero luego regresaron, en donde uno de ellos descendió y con puñal en manos exigió a la chica la entrega de su aparato celular.

Sin embargo, el hombre opuso resistencia y peleó con los asaltantes, recibiendo dos puñaladas. Una de las heridas en el corazón.

Tras el asalto, los motochorros escaparon con rumbo desconocido, dejando a la víctima agonizando en el lugar.

La desesperada novia pidió auxilio, y trasladaron al joven hasta el Hospital General de Luque, en donde se informó de su deceso horas después.

En el mismo día de la tragedia, los amigos de Erwin atraparon a los sospechosos y entregaron a la Policía. Ambos fueron imputados por la entonces fiscal Sonia Pereira por homicidio doloso.

Edison Escobar Christian López están recluidos en la cárcel de Emboscada, informó la fiscal Ingrid Cubilla.

Los familiares y amigos del joven asesinado participaron del juicio oral y público.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió en fecha 11 de abril del año 2021, en la compañía Yka’á, Luque. Las víctimas fueron atacadas a cuchillazos.

Las víctimas del hecho relataron ante el Tribunal de Sentencia, presidido por Hugo Segovia, miembros Blas Imas y Lilian Flores, que se resistieron a la agresión corriendo de sus agresores y al ser alcanzados, se protegieron con sus propios brazos y con piedras, que encontraron a su alrededor.

No obstante, las víctimas sufrieron heridas de armas blancas que conforme a dictamen forense no revistieron de gravedad ni pusieron en peligro de muerte a las víctimas.

En este sentido, el Ministerio Público sostuvo que la utilización de un arma blanca ya conlleva potencialmente la posibilidad de causar herida e incluso la muerte de la víctima, y que si bien en el hecho juzgado no causó el peligro de muerte esto debe ser analizado desde el punto de representación de ambos acusados que utilizaron armas blancas y atacaron a sus víctimas dirigiéndose a herir en la zona del torax, y la ausencia de resultado está comprendido porque no han concluido todos los actos necesarios para la comisión del hecho punible de homicidio doloso.

En ese orden, se sostuvo que la calificación legal corresponde al de “Homicidio Doloso en grado de Tentativa Inacabada”.

La hipótesis fáctica como la calificación legal fue igualmente admitida por el tribunal de sentencia que resolvió acreditados los hechos y determinó que la sanción justa es de 5 años y 4 años y 6 meses, respectivamente para ambos acusados.

Los condenados Hugo Javier Pino y Luis González guardarán prisión por tentativa de homicidio doloso, informaron.