Al término
del encuentro, el monseñor de Caacupé Ricardo Valenzuela, actuó de vocero y confirmó
a la prensa que el presidente asistirá a la misa central en la Basílica, el
próximo 8 de diciembre.

Al ser
consultado al respecto, manifestó que el presidente asistirá a la misa en
Caacupé, pero señaló que lo invitará formalmente en los próximos días. Recordó
que la visita de los presidentes es habitual.

Según Valenzuela,
Abdo le comentó a los obispos que el papa Francisco se recordó muy bien de
Paraguay y quiere mucho al pueblo paraguayo.

Agregó que el
presidente quedó sorprendido que en menos de quince días el Santo Padre le haya
concedido a la audiencia en el Vaticano, demostrando de esta manera el gran
cariño que el papa tiene al Paraguay.

Expuso sus
planes

Durante la reunión
con los obispos, el titular del Ejecutivo se mostró predispuesto a apoyar los
proyectos encarados por la Iglesia Católica, a través de sus diócesis.

“Se abrió un
lindo panorama, y eso es importante, por qué hoy nos necesitamos todos para fortalecer
el país”, explicó el monseñor Ricardo Valenzuela.

El miércoles
se procedió al desalojo y demolición de la vivienda ocupada por Ángel Gamarra,
quien fue detenido durante el procedimiento fiscal y policial por resistencia,
pero no fue imputado y quedó libre.

Sin embargo,
la fiscal interviniente comunicó al representante legal de la empresa Negocios
Inmobiliarios, Abog. Robert Giménez, que el desalojo de varias familias “queda
en suspenso” por falta de “disponibilidad de tiempo”.   

“Lastimosamente
la fiscal pone obstáculos y debemos ver cuando continuar los desalojos. Dijo
que va a pedir más informes antes de continuar”, comenzó diciendo el abogado
litigante.

Giménez cuestionó
la labor de la fiscal Mirta Ortiz, señalando que “la fiscal funge más de
defensora de los invasores que velar por los derechos de la víctima, que en
este caso la propietaria Rosana Palacios”.

Analizan recusar a la fiscal

El abogado
Robert Giménez adelantó que con su cliente analizan presentar una recusación
contra la fiscal Ortiz. “No se puede tolerar tanto manoseo”, agregó.

“No sé qué
informes va a pedir si está más que confirmada la ocupación ilegal de la
propiedad de mi cliente. Además existe flagrancia con la presencia de los
presuntos invasores en la finca de 3 hectáreas y a pesar de la notificación no
salen del inmueble”, cuestionó el profesional.

Giménez se
quejó por qué “al final los invasores son presentados por las propias
autoridades como víctimas y los dueños como malvados e insensibles”.

Explicó que los
ocupantes hace tres años permanecen en el lugar, pese a que presentaron todos
los documentos del inmueble en disputa al Ministerio Público.

Precisamente
la Fiscalía ejecuta tres años después un desalojo a medias.

Instigador en la mira

En la zona
de Costa Sosa se instalaron más de cien familias en las fincas pertenecientes a
al menos tres inmobiliarias y a propietarios particulares.

Los
presuntos invasores señalaron que fueron estafados por un tal Román López, quien
supuestamente les instigó para ocupar las propiedades a cambios de pagos a menor
costo.

Los
afectados al percatarse del desalojo se acercaron junto a los intervinientes
policiales y de la Fiscalía para informar que ellos compraron los terrenos de
Román López, quien vive en la zona.

Precisamente,
cuando comenzó la ocupación de los terrenos hace tres años, López fue detenido,
imputado y remitido a la cárcel por unos días, pero luego recuperó su libertad
y siguió estafando a las familias, ofreciendo los terrenos a bajo precio y con
la promesa de que una vez finalizado el pago se procedería a la transferencia
del terreno a nombre de cada comprador.

El jefe del departamento de Alcantarillados Sanitarios de la Essap, Ing. Ulises Mena, explicó que extrajeron una gran cantidad de materias grasas solidificadas provenientes de los negocios de la zona del Mercado local.

Para
realizar el trabajo, los agentes de Tránsito de la Municipalidad de Luque,
tuvieron que bloquear la zona del Mercado.

Los obreros
trabajaron desde tempranas horas este jueves sobre las calles Capitán Bado
entre Moisés Bertoni y 14 de Mayo, pleno centro de Luque.

El ingeniero
Ulises Mena calificó de punto crítico el sector del mercado, teniendo en cuenta
los continuos taponamientos del alcantarillado ubicado en lugar a raíz de la
acumulación de grasas provenientes de las pollerías aledañas y del propio
mercado, además de todos tipos de residuos que los comerciantes lanzan al canal
de desagüe de la Essap, preferentemente en cada lluvia.

Según el profesional, los componentes extraños son los que taponan las tuberías y hacen que el agua cloacal aflore sobre el pavimento, a través de los registros, generando un olor nauseabundo en la zona del Mercado.

El funcionario señaló que está vigente una sanción económica que se puede aoplicar a los comerciantes responsables.

El trabajo fue realizado con un camión equipado especialmente para succionar los residuos y limpiar el alcantarillado de modo a que el desecho cloacal pueda circular sin inconvenientes.

El
alcantarillado de la zona del Mercado Nro 1 de Luque data de hace 35 años,
aproximadamente, comentó el ingeniero.

A raíz del
violento ataque, los afectados tuvieron que refugiarse en la Comisaría 3ra de
Luque.

Lucía Ríos,
quien se encontraba en el grupo, dijo que el bus de la Línea 17, empresa Miguel
Antón de Luque, fue seguido por una camioneta desde la zona de Maramburé.

Los escrachadores
se trasladaban con destino a la casa del edil luqueño Teoval Valdez, domiciliado
en el Cuarto Barrio de Luque.

Cabe señalar
que la semana pasada este grupo de personas escrachó a los concejales Teoval
Valdez y Cristian Valdez.

Los
afectados son vecinos de los asentamientos Ko’e Pyahu y Virgen de Caacupé, de
la compañía Maramburé, Luque.

Violenta puja por itinerario

Desde hace
tres meses, las empresas de transportes Miguel Antón de Luque SA (Línea 17), y
7 de Octubre SRL (Línea 59), mantienen una disputa por el itinerario en la
compañía Maramburé., que incluso ya derivó en tragedia con la muerte del
dirigente Osvaldo Espínola Samaniego.

En ese
sentido, vecinos de Maramburé y de los asentamientos de Virgen de Caacupé y Ko’e
Pyahu , vienen apoyando el trabajo de la Línea 17 que a criterio de los
usuarios, presta un buen servicio.

A raíz de
los violentos ataques a las unidades de la Línea 17,  los vecinos reaccionaron y reclamaron una
pronta solución a los concejales de Luque.

Sin embargo,
los ediles se desentienden de los reclamos ciudadanos, por lo que decidieron
escrachar a dos de los concejales.

En la noche
de este miércoles se dirigían nuevamente al domicilio de Teoval Valdez, pero
luego de ser emboscados, desistieron de la movilización.

Los vándalos
destrozaron los vidrios del colectivo de la Línea 17 que transportaba a los
escrachadores.   

Una comitiva fiscal y policial procedió a desalojar a una familia que se instaló hace tres años en una propiedad privada. El ocupante fue detenido por orden de la fiscal Mirta Ortiz, por resistencia. El procedimiento fue ejecutado en la mañana de este miércoles en la compañía Costa Sosa, Luque.

En la
oportunidad se procedió a la detención del ciudadano Ángel Gamarra, quien ocupó
5 terrenos de una finca de 3 hectáreas, explicó el abogado Robert Giménez,
representante legal de la empresa Negocios Inmobiliarios, perteneciente a la
señora Rosana Palacios.

Según el abogado, luego de tres años se pudo lograr el desalojo de una  familia que ocupó parte de la finca. En los próximos días irán desalojando a los demás ocupantes y demoliendo las viviendas construidas en el inmueble.

Agregó que
en varias oportunidades se le notificó pero se negaron a salir, por lo que se
pidió la orden de desalojo.

Los demás
terrenos también están ocupados y los presuntos dueños ya fueron notificados.

Durante el procedimiento se produjeron algunos incidentes menores, pero  fueron controlados por los uniformados, a cargo del Crio. Princ. Víctor Vera, jefe de la Comisaría 3ra de Luque.

Con
tractores demolieron la casa con techo de losa que fue construida por el
ocupante Ángel Gamarra, quien también montó en el lugar la elaboración de
postes y vigas de hormigones.

Las familias
que se encuentran en los demás terrenos de la empresa Negocios Inmobiliarios
están temerosas por perder sus construcciones.

Los
afectados dijeron que compraron los terrenos de Román López, quien se presentó
como dueño de los terrenos en la zona de Costa Sosa, y empezó a vender a
precios irrisorios.

Ahora
anunciaron una denuncia formal contra López por presunta estafa.

La Junta Municipal de Luque no pudo sesionar este martes por culpa de cinco ediles colorados raboneros, dos de ellos  escrachados la semana pasada  por seguidores de la Línea 17, que mantienen una fuerte puja por el itinerario con la Línea 59, en zona de Maramburé. La rabona legislativa generó críticas de la ciudadanía luqueña.

Los 12 “representantes
del pueblo luqueño” perciben al mes G. 240 millones en total, y anualmente se
embolsan del dinero de los contribuyentes nada menos que G. 3.120.000.000,
incluido el aguinaldo.

Varios
proyectos, dictámenes de comisiones y minutas presentadas en Secretaria General
y que son de interés de la comunidad no fueron tratados este martes, día de
sesión semanal de la Junta Municipal de Luque, debido a que no hubo el quórum
necesario.

Los raboneros

Los concejales
colorados que no asistieron a la sesión ordinaria de este martes son los
cartistas Teodoro “Teoval” Valdez (vicepresidente
de la corporación legislativa); Miguel
Mancuello, Cristian Valdez, Eliseo Fernández Oviedo, y de Añeteté, Juan Ángel Marecos.

Escrachados

La semana
pasada, Teoval Valdez y Critian Valdez,
fueron escrachados en sus respectivas viviendas por los marambureños que apoyan
el servicio de la Línea 17, empresa Miguel Antón de Luque.

Aparentemente,
los ediles colorados tenían miedo a que se pida el tratamiento de la revocación
de la resolución municipal provisoria que habilita a la Línea 17 a trabajar en
el itinerario que antiguamente correspondía a la Línea 59, empresa 7 de Octubre
SRL.

Precisamente,
los vecinos de Maramburé que apoya a la Línea 17, acudieron a la sesión
ordinaria de la Junta Municipal para exigir una solución al conflicto, que
incluso ya derivó en la muerte de
Osvaldo Espínola Samaniego, presidente del asentamiento Ko’e Pyahu, de
Maramburé.

El único
colorado que asistió a la sesión fue el
presidente de la Junta Municipal de Luque, Diego Romero Orué, quien tuvo
que levantar la reunión por falta de quorom ante la llamativa ausencia de  sus colegas.

Mientras por
el lado de la bancada liberal estuvieron presentes Francisca Franco, Manuel Achucarro Gill, Jorge Acosta, Silverio
Mosqueira y Cristian Bernal.

Entretanto, la concejal Belén Maldonado (PLRA), pareja
sentimental del titular de la Junta (Diego Romero), tiene permiso por
maternidad, según informaron.

Ganan millones

Los cuestionados
concejales perciben un dineral de los contribuyentes luqueños:

Ganan al mes G. 20 millones cada uno,
multiplicados por 12 ediles son G. 240 millones al mes, y por año se embolsan nada
menos que G. 2.880.000.000, que sumado el aguinaldo que reciben cada uno de los
concejales (decimotercer sueldo) el monto trepa a 3.120 millones de guaraníes.

Cada uno de
los “representantes del pueblo luqueño”, además de ser improductivos y raboneros,
se lleva anualmente G. 260 millones del
dinero de los contribuyentes.

Según
averiguaciones, en la tarde del lunes los
concejales Teoval Valdez y Miguel Mancuello, viajaron a San Pedro para ver el
partido de Luqueño contra Santaní, pero en la mañana de este martes se
pegaron el lujo de no aparecer en la JM para cumplir con sus respectivas obligaciones.

La rabona legislativa generó críticas, principalmente por parte de los vecinos de Maramburé, quienes acudieron la Junta para urgir una solución al conflicto por el itinerario en disputa; mientras los ciudadanos que estaban pendientes de la reunión y que tenían expedientes en estudio en la legislatura, también se sumaron a las quejas contra los ediles.