La actividad arrancó con la actuación del elenco teatral del territorio
social San Carlos con la “Historia de mi barrio”.

Seguidamente se los chicos representaron el pesebre viviente, con la
participación de alumnos de la escuela Sagrado Corazón de Jesús.

Luego a cargo del intendente se procedió al encendido del “árbol
navideño” de la plaza central de Luque.

La actividad prosiguió con la participación del Elenco de la Escuela
Municipal de Danza, además del Ballet Municipal; Ballet Academia de Geraldinde
Doldán, y el Elenco Tetaguá Kyre´y.

Grupos musicales

Para el cierre del Festival Navideño actuaron los grupos musicales
Fusión Mbareté (luqueño), y Tierra Adentro.

Las familias luqueñas disfrutaron del encuentro artístico-cultural que
se desarrolló con gran éxito en la plaza central de la ciudad, el pasado
miércoles.

Hace un par de semanas, la Dinac se hizo cargo de la explotación del
estacionamiento de vehículos de la principal estación aérea del país, que en
principio estaba a cargo del consorcio Edespa- Edivisa, y en ese marco de relevamiento
de datos se encontró un vehículo que ya lleva estacionado hace 6 años en el
lugar.

Sobre este caso, la empresa que tuvo a su cargo la concesión no remitió
informe al respecto.

Pertence a un chileno

Se trata de un viejo y oxidado automóvil de la marca Suzuki, modelo
Baleno, con chapa ALF 802, registrado a nombre del chileno Francisco Benjamín
Pia’a, quien viajó a su país y dejó abandonado el coche en el año 2012, según
averiguaciones hechas por la Dinac.

Por su parte, la Policía Nacional informó que el dueño del vehículo no
registra problemas judiciales en Paraguay y tampoco en su país de origen, pero
sí dejó una importante deuda con la Dinac.

Una vez que se procedió a evaluar la deuda, la misma registra una deuda
acumulada G. 21.600.000, informó el director de Comunicaciones de la Dinac,
Lorenzo Orué.

El magistrado fue salpicado en el caso del desalojo
encabezado por su sobrino contra la abuelita Irma Rojas. La propiedad en
litigio se encuentra en la zona de Zárate Isla, y durante un cuestionado
procedimiento la anciana fue desalojada y dejada en la calle.

A raíz de esta situación, la ciudadanía luqueña se
levantó contra el abogado Pablo Sanabria, quien se fue a patotear durante el
desalojo, ordenando a policías y al oficial de Justicia Óscar Núñez.

El magistrado fue salpicado y escrachado por los
ciudadanos indignados al igual que su sobrino, quien tuvo que renunciar al
mandato de la Inmobiliaria “EG del Sol”, que tiene el litigio con la abuelita.

Negó injerencia

“El abogado Pablo Sanabria Roa es mi sobrino. No puedo
negarle, verdad. Pero el trabajo que él hace dentro de la profesión escapa de
mi conocimiento”, comenzó diciendo el juez a la emisora local 94.7.

“Te digo con el corazón en la mano que yo no tengo
nada que ver con esta cuestión para orquestar el desalojo como están
manifestando en las redes sociales, que me perjudica de sobremanera y a veces
me quita ganas de trabajar”.

«Hace nueve años que estoy en la magistratura de Luque, estoy en mi ciudad, y a veces tengo que hace juego de cintura para no dar a los políticos que ellos quieren, y como la ley indica yo soy imparcial. Jamás me voy a someter a esa cuestión de esa naturaleza que de por sí es grave».

Escrachadores
contratados

«Si mi sobrino falló en algún momento dado en el procedimiento o lo que sea escapa de mi conocimiento. Tampoco se firmó acá en Luque a mi entender (la orden de desahucio contra la abuelita Irma Rojas), por lo que es irregular los que vienen a hacer los manifestantes, que de por sí yo digo que son personas contratadas. No son ciudadanos luqueños como dicen”, cuestionó.

Agregó que “los que más están viniendo (a los escraches) son sintechos de Costa Sosa, quienes están ocupando propiedades ajenas y a mi entender si no se erradica eso va a ser peor en nuestro país. Son ellos los que van a venir a dictar las resoluciones y para qué van a estar más los fiscales y jueces. De alguna forma fuimos nombrados para impartir justicia y así debemos actuar».

“Yo hasta hoy día he dictado más de 7 mil sentencias,
de los cuales 99% fueron confirmadas. Eso me da la tranquilidad que estoy
actuando conforme a la Ley, y le aclaro a esta gente que no tengo nada que ver con
esta cuestión de desalojo”.

Por lo tanto, pidió por favor a la gente que le dejen
de molestar y desafió sí tienen algunas pruebas en su contra, pues que los
presenten a las autoridades sí realizó ingerencias en el proceso.

“Yo no estoy apegado al cargo. Soy un profesional. He litigado durante 14 años en la profesión. Tengo vasto conocimiento y no tengo problemas para salir a litigar nuevamente como abogado. No estoy apegado al cargo. Me están perjudicando esa gente (escrachadores)», recalcó

La resolución Nº 2854 declara asueto el día 7 de diciembre de 2018 para todos los funcionarios municipales del Municipio de la Ciudad de la música.

Según versa el documento, la decisión fue tomada teniendo en cuenta que el 8 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Caacupé. En sentido, se realizan peregrinaciones desde distintos puntos del país hasta la Basílica de Caacupé, en los días previos a la mencionada celebración.

Por lo tanto, el Gobierno Municipal del Intendente
Carlos Echeverría, se suma a las festividades marianas. La Municipalidad de
Luque abrirá nuevamente sus puertas el próximo 10 del corriente año. “Volvemos
el lunes 10 con horario de atención habitual”, aclara en su comunicado fechado
este jueves.

El denominado mega escraches comenzó en la sede del Poder Judicial, en Maramburé. Luego de se trasladó frente a la Fiscalía, en el microcentro, y finalmente en la zona del Mercado N° 1.

Cabe destacar que tras el primer escrache a su
domicilio, el pasado domingo, el abogado Pablo Sanabria, representante legal de
la Inmobiliaria “EG del Sol”, renunció al mandato de la empresa que tiene un
litigio judicial contra el marido de la anciana, de nombre Félix Valios Franco.

Sin embargo, el abogado Pablo Sanabria encabezó un
cuestionado procedimiento para desalojar a la abuelita Irma Rojas, a quien la
dejó en la calle.

Sanabria contó con la complicidad del juez de San
Lorenzo, Gustavo Chilavert, el oficial de Justicia Óscar Núñez, y el comisario
de Luque, Víctor Vera.

El abogado fue repudiado públicamente luego de ir a “patotear”,
durante el procedimiento, sobrepasando incluso la autoridad policial y del oficial
de Justicia.

Exigen justicia

El nieto de la abuelita Irma Rojas, Germán Espínola, explicó
que la movilización tiene como objetivo exigir justicia para su abuela y urgir
celeridad a las denuncias hechas contra el abogado Pablo Sanabria, a quien le
denunciaron en la Fiscalía por varios hechos penales.

Entretanto, en la oportunidad también pidieron al
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrir una investigación contra el juez
en el Civil y Comercial de Luque, Enrique Sanabria, a quien acusan de orquestar
el violento desalojo de doña Irma Rojas.

Según Espínola, los intervinientes ejecutaron un procedimiento
ilegal para sacar a su abuela de la propiedad situada en Zárate Isla, teniendo
en cuenta que el abogado Pablo Sanabria tenía pleno conocimiento de un juicio
de usucapión tramitada en el Juzgado de Luque por parte de la abuelita.

Agregó que el letrado aun sabiendo de la medida
cautelar que favoreció a su abuela, igual procedió al desahucio, violando el
fallo y cometiendo todos tipos de atropellos contra su anciana abuela.

El joven advirtió que seguirán con las movilizaciones para exigir justicia para su abuela y castigo para el abogado y cómplices.

El pedido específico fue presentando al ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, quien a su vez es el
presidente de la Comisión Calificadora de la Patrulla Caminera.

El vocero de los afectados, el inspector Ricardo
Bordón, explicó que el anterior director de la Patrulla Caminera, Derlis Núñez,
en noviembre del 2017, ordenó la apertura del Tribunal de Calificaciones, donde
decidieron sacarlos prematuramente de la institución a los 24 uniformados para
acogerse a la jubilación.

Sin embargo, en ese entonces Hacienda no reconoció la
nueva Ley Orgánica N° 5498/15, que crea la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera,
que en ese momento aún no estaba reglamentada, y rechazó el pedido de los
inspectores, advirtiendo que aún no cumplieron con los años servicios exigidos
para acogerse a la jubilación.

A partir de allí, los afectados recurrieron a varias
instancias para lograr su reincorporación durante el anterior Gobierno, pero
les negaron sus peticiones.

Nuevo
Gobierno, demostró mayor interés

Según Bordón, con el nuevo Gobierno de Mario Abdo
Benítez, tuvieron mayor apertura, donde el ministro Arnoldo Wiens, demostró
interés en la situación que están atravesando los afectados que prácticamente
quedaron desamparados sin sueldo y sin poder acceder a sus respectivas jubilaciones,
que les corresponden por ley.

El vocero aclaró que el pedido de la reincorporación
no es para volver a ocupar cargos en la institución, sino más bien para
completar la antigüedad de 30 años, y de ese modo acceder a la jubilación tal
como establece la nueva Ley Orgánica.

Explicó que antiguamente la Patrulla Caminera regía
por la Ley N° 1626 de la Función Pública, que exigía 40 años de aporte y 75
años de edad como requisitos fundamentales para acceder a la jubilación.

Pero en el año 2015 entró en vigencia la Ley 5498 de
la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y Establece en su Carta Orgánica,
nuevos parámetros para acceder a la jubilación de los inspectores de la
Patrulla Caminera.

El principal obstáculo de los 24 inspectores fue que
en ese momento la nueva ley aún no estaba reglamentada, y quedaron sin poder
acceder a los beneficios que les corresponderían por sus jubilaciones.