Tras la reunión del equipo
económico, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), decidió que
este lunes comenzarán a cobrar peaje en la ruta conocida como Luque-San
Bernardino.

Según un estudio, desde la
habilitación del tramo hubo una disminución del 30% en la recaudación del peaje
de Ypacaraí, informaron fuentes del MOPC.

En los últimos días
instalaron todos los equipos y están ultimando los detalles técnicos para poner
a punto el puesto de peaje y empezar a cobrar a los conductores que usan esta
importante vía de acceso a las dos ciudades de Central y Cordillera.

Los fiscales Fátima
Villasboa y Francisco Cabrera imputaron y ordenaron la detención preventiva de
los líderes sintechos, identificados como Cristina Aquino (38), Samuel Ramón
Flores (46), Nestor Noceda Amarilla (38), Ricardo Martínez González (62), y
Antonio Segovia Acosta (44).

La resolución de los
fiscales está enmarcada en la causa N°5.630/18 de “Investigación fiscal sobre
la invasión de inmueble ajeno y otros”, según se desprende de la carpeta del
Ministerio Público.

Cristina Aquino es
identificada por la Fiscalía y la Policía Nacional como líder del grupo de
“sintechos” que invadió la propiedad de la Copaco el 12 de junio del año pasado
en las compañía Isla Bogado y Maka’i, de Luque.

Aquino también es sindicada
como distribuidora de crack, además recaudó millones de guaraníes durante la
invasión del terreno de 83 hectáreas de Copaco, en Luque. Supuestamente se
dedicaba a vender los terrenos a los interesados.

La referida invasión ilegal
derivó en un violento desalojo el miércoles pasado. El enfrentamiento entre
policías y sintechos dejó varios heridos, uno de ellos el suboficial de Policía,
Cristhian Galeano, que perdió el ojo izquierdo a raíz de un proyectil que
recibió por parte de los invasores.

Tras la detención, Cristina
Aquino fue trasladada a la Comisaría 17 de Mujeres, en Asunción.

Imputados a Tacumbú y a Buen Pator

Los 35 imputados entre hombres
y mujeres fueron remitidos con prisión preventiva a Tacumbú y al Buen Pastor,
respectivamente. La orden de remisión se dio a conocer en la tarde de este
viernes.

De condición humilde y
sencilla, la abuelita Irma Rojas, es un ejemplo de lucha y sacrificio. Proviene
de una familia humilde, solo pudo concluir estudios primarios en la Escuela
Mariscal José Félix Estigarribia, ubicada en Bella vista de la ciudad de Luque.

Ya de jovencita contrajo
matrimonio con el conocido músico Luqueño Felix de Valois Franco, quien entre
sus obras más conocidas se destaca el Himno actual de la liga luqueña de
Futbol.

Pese a sus 80 años edad, de
ver y afrontar varias dificultades, la abuelita sigue luchando como lo ha hecho
durante toda la vida, recordemos que en noviembre del año pasado, cuando se
encontraba lavando ropas en su humilde vivienda, fue violentada por un contingente
de más de 70 personas, encabezados por el Abog. Pablo

Sanabria Roa, a quien sin
importar la presencia de la anciana, han procedido a lanzar todas sus
pertenencias a la calle, y no contento con esta reprochable acción, procedieron
a derrumbar con tractor su vivienda, donde residía por más de 50 años.

Llena de impotencia y con
llantos constantes, la abuelita no resistió tanta carga emocional sufrió una
descompensación. A pesar de complicación de salud de la anciana, el abogado
Sanabria seguía insistiendo con “el dale, dale. Sacale papá”, que incluso llegó
al extremo de ordenar a los policías a trasladar en la carrocería de la
patrullera hasta el Hospital Regional de Luque.

Resulta admirable que una
anciana de 80 años haya podido resistir tanta injusticia y es sorprendente que
en estos tiempos modernos, donde los Derechos Humanos se han consolidado
bastante, aun existan personas que sean capaces de llevar actos tan inhumano y atroz,
poniendo en riesgo la vida de la abuelita con tal de conseguir su objetivo a
cualquier precio.

En ese sentido, es
importante recordar que doña Irma tiene un litigio vigente contra la
Inmobiliaria EG del Sol, denominado “Irma Rojas de Franco c/ Carlos Vera Salas
y otros s/ usucapión, que cuenta con una medida cautelar de prohibición de
innovar y contratar, dictada por el juez Daniel Ocampos, que incluso fue confirmada
en primera y segunda instancia.

Pese a esto fue avasallada y
violentada por sus agresores, mediante una orden de desalojo proveniente del
juicio “Mirta Lucía Bareiro de Salas y Carlos Vera Salas c/ Félix Valois Franco
s/ reivindicación de inmueble”. Es importante aclarar que el único afectado,
según lo expresado en la propia orden es Félix Franco, y la abuelita no fue
demandada ni es parte de este juicio inicial sobre el inmueble en disputa.

La justicia debe expedirse
lo antes posible sobre estos lamentables hechos sucedidos, lastimosamente por
su larga edad, es muy difícil que la misma pueda olvidar todo el maltrato que
le toco vivir, no obstante es un mensaje claro a toda la sociedad, sobre la
obligación que tenemos de respetar el derecho de todos y garantizar el correcto
cumplimiento de las órdenes judiciales, caso contrario estamos expuestos al
arbitrio de profesionales oportunistas.

El Día Internacional de la
Mujer Trabajadora (o también Día Internacional de la Mujer) se celebra el 8 de
marzo y está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El martes último ya se trataron los puntos referentes al balance social y balance general cooperativo del ejercicio 2018, el cual permitió realizar una valoración acabada de las acciones desarrolladas y a su vez proporcionó una idea del camino a seguir asumiendo los desafíos y objetivos planteados con el apoyo de este instrumento, informó Eduardo Maldonado Torres, jefe de Comunicación y Marketing de la Cooperativa de Luque.

Resaltó entre otros puntos,
el impacto de los Servicios Educativos, ya que fueron capacitados en diversos
temas 958 personas.

El servicio de Salud, fue
uno de los de mayor demanda en ese periodo, atendiéndose en la Policlínica a
10.891 pacientes en todo el año 2018.

También se trabajó
intensamente en las diferentes áreas como: Conservatorio de Música “Prof.
Carmen Almirón”, Academia de Danza, Coro Polifónico, Escuela de Arte escénico,
y Deportes: fútbol, vóley, taekwondo, principalmente.

Durante el taller se
realizaron preguntas y se solicitaron aclaraciones sobre la memoria y el balance,
que fueron aclaradas por el equipo técnico gerencial, agregó Maldonado.

La víctima, Mercedes Benítez
Fernández, recibió un corte con botella rota de 15 puntos, y el automóvil conducido
por su esposo Oscar Alarcón, fue destrozado con piedras y botellazos.

La mujer relató que estaban
retornando con su marido y otros familiares de la Costanera de Asunción, pero
el calvario comenzó en la zona de la avenida Gral. Aquino, en la entrada a
Luque.

Cerca del supermercado Los
Jardines fueron “recibidos” por un grupo de inadaptados motoqueiros, quienes
hacían acrobacia a bordo de sus respectivos biciclos en pleno carril.

Luego le persiguieron y
cerca de Valderrama los pandilleros le cerraron el paso y comenzaron a lanzar
botellas y piedras contras el auto.

Allí, el conductor logró
avanzar y cuando giró para llegar a la comisaría y pedir auxilio, la mujer fue
herida gravemente con una botella lanzada contra la ventanilla. El vidrio roto
le produjo un enorme corte la cara, dejándola inconsciente prácticamente.

En medio de la
desesperación, lograron llegar a la sede Comisaría 3ra de Luque, donde la
víctima fue asistida y derivada a bordo de una patrullera hasta el Hospital Regional
de Luque.

Según la denuncia, minutos
después llegaron al hospital los familiares de los detenidos Hugo Adrián
Sánchez González, de 19 años, y su hermano de 16 años, quien conducía la
motocicleta incautada, y plantearon al marido de la mujer negociar para evitar
la denuncia en contra de los hermanos.

Luego, la víctima volvió a
la comisaría para radicar la denuncia y uno de los agentes de guardia, le
coaccionó con la denuncia de modo a favorecer a los detenidos.

Por su parte, el concejal
Cristian Bernal (PLRA), cuestionó la labor de la fiscal Cynthia Espínola, quien
no investigó a los “wileros” pese la denuncia que hizo el edil en la Fiscalía
contra los motoqueiros irresponsables.

Según el edil, los motoqueiros que andan en pandillas crean zozobras y se adueñan de las calles en Luque, mientras la Fiscalía y la Policía hacen la “vista gorda”, permitiendo todos tipos de abusos y atropellos.

Por su parte, el comisario Víctor Ortiz, jefe de la Comisaría 3ra de Luque, explicó que ese mismo día (domingo) el menor fue beneficiado con arresto domiciliario, mientras su hermano mayor continúa preso en la comisaría mientras se aguarda su imputación y remisión a la cárcel.

El fiscal de la causa es Néstor Cañete y la Policía está aguardando la resolución fiscal y judicial para proceder, comentó el jefe policial.

Durante el violento desalojo
el suboficial Cristhian Galeano, de 23 años, perdió el ojo izquierdo a raíz de
un impacto de balín de acero que recibió en medio del enfrentamiento al
comienzo del procedimiento. El agente presta servicios en la Agrupación Montada
de la Policía Nacional, y sigue internado en el Hospital Rigoberto Caballero.

En el orden jurídico, la fiscal Villasboa
imputó y solicitó al juzgado de turno la prisión preventiva para todos los
procesados.

El escrito fiscal indica que los procesados,
junto a otro grupo de personas, se instalaron en forma ilegal en el terreno
perteneciente a Copaco.

Los sintechos “fundaron” el Asentamiento 12
de Junio, y la líder Cristina Auino, comenzó a comercializar los lotes, según
denuncias de los afectados.

Es así que la mujer recaudaba millones de
guaraníes precisamente desde junio del año pasado.

Ahora, la mujer se encuentra prófuga está
siendo buscada por la Policía para ponerla a disposición de la Fiscalía.

Durante el procedimiento fiscal y policial
fueron incautados objetos inflamables como bombas molotov, petardos y bolsitas
con gasolinas, además de honditas con balines acerados y cristales que fueron
utilizados por un grupo de invasores contra los uniformados intervinientes.

La desmedida acción
policial de quemar las precarias moradas con todos los enseres domésticos de
los ocupantes, causó indignación en la ciudadanía, que cuestionó el
procedimiento violento de los intervinientes.