Se trata de Diego Medina Orué, quien sufrió un grave
accidente en setiembre pasado, cuando cayó el ascensor transportador de cargas,
y hasta ahora se encuentra internado en el Hospital Central de IPS, en
Asunción.

Tras el accidente, los responsables de la empresa se
comprometieron a ayudarlo para su tratamiento y recuperación, pero son “puras
promesas”, indicó Rosana Orué, hermana del joven trabajador accidentado.

Agregó que su hermano presenta leve mejoría en su
estado de salud, pero necesitan del apoyo para continuar con los cuidados y
tratamientos que requieren su recuperación.

Movilizaciones

Tras el hecho, los familiares, amigos y vecinos,
comenzaron una serie de manifestaciones pacíficas contra Silvio Giménez, dueño
del Comercial San Cayetano, quien supuestamente se niega a brindar asistencia a
la víctima.

El empresario también fue denunciado en la Fiscalía por el delito de exposición a personas (empleados) en lugares peligrosos, pero el denunciado no concurrió a ningunas de las tres citaciones, tratando de eludir a la Justicia, según la denuncia arrimada a nuestro medio.

Agentes de la Comisaría 3ra de Luque realizaron el resguardo correspondiente de la movilización. El escrache se realizó pacíficamente, explicó el comisario principal Víctor Ortiz.

El denominado mega escraches comenzó en la sede del Poder Judicial, en Maramburé. Luego de se trasladó frente a la Fiscalía, en el microcentro, y finalmente en la zona del Mercado N° 1.

Cabe destacar que tras el primer escrache a su
domicilio, el pasado domingo, el abogado Pablo Sanabria, representante legal de
la Inmobiliaria “EG del Sol”, renunció al mandato de la empresa que tiene un
litigio judicial contra el marido de la anciana, de nombre Félix Valios Franco.

Sin embargo, el abogado Pablo Sanabria encabezó un
cuestionado procedimiento para desalojar a la abuelita Irma Rojas, a quien la
dejó en la calle.

Sanabria contó con la complicidad del juez de San
Lorenzo, Gustavo Chilavert, el oficial de Justicia Óscar Núñez, y el comisario
de Luque, Víctor Vera.

El abogado fue repudiado públicamente luego de ir a “patotear”,
durante el procedimiento, sobrepasando incluso la autoridad policial y del oficial
de Justicia.

Exigen justicia

El nieto de la abuelita Irma Rojas, Germán Espínola, explicó
que la movilización tiene como objetivo exigir justicia para su abuela y urgir
celeridad a las denuncias hechas contra el abogado Pablo Sanabria, a quien le
denunciaron en la Fiscalía por varios hechos penales.

Entretanto, en la oportunidad también pidieron al
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrir una investigación contra el juez
en el Civil y Comercial de Luque, Enrique Sanabria, a quien acusan de orquestar
el violento desalojo de doña Irma Rojas.

Según Espínola, los intervinientes ejecutaron un procedimiento
ilegal para sacar a su abuela de la propiedad situada en Zárate Isla, teniendo
en cuenta que el abogado Pablo Sanabria tenía pleno conocimiento de un juicio
de usucapión tramitada en el Juzgado de Luque por parte de la abuelita.

Agregó que el letrado aun sabiendo de la medida
cautelar que favoreció a su abuela, igual procedió al desahucio, violando el
fallo y cometiendo todos tipos de atropellos contra su anciana abuela.

El joven advirtió que seguirán con las movilizaciones para exigir justicia para su abuela y castigo para el abogado y cómplices.

A raíz del
cuestionado procedimiento ejecutado con complicidad judicial y policial, la
ciudadanía se levantó en apoyo a la abuelita desalojada de manera prepotente
por el letrado.

Una multitud
se congregó en la tarde-noche del domingo frente a la casa del abogado Pablo
Sanabria, ubicada en la compañía Yka’a, de Luque, donde lo escracharon por su
cuestionado procedimiento.

El abogado
alegó en su renuncia que fue amenazado de muerte por los manifestantes.

Agregó que
teme por la seguridad de su familia y la de él, teniendo en cuenta que fue
blanco de continuos ataques.

A
continuación reproducimos la renuncia del abogado en la causa contra la abuelita
Irma Rojas, quien sigue en el inmueble bajo una carpa y con el acompañamiento
de familiares y vecinos.

Manifestación

El nieto de la anciana, de nombre Germán Espínola, anunció una gran manifestación frente al Poder Judicial de Luque para exigir justicia a su anciana abuela. La movilización esta prevista para este miércoles, a las 09:30.

Más de 300
manifestantes autoconvocados por las redes sociales se juntaron en la céntrica
Avenida Corrales, de Luque, y de ahí partieron rumbo a la casa del abogado
Pablo Sanabria, representante legal de la Inmobiliaria “EG del Sol”, que
mantiene un litigio contra el músico luqueño Félix Valois Franco, esposo de la
abuelita desalojada.

Los
escrachadores, liderado por el activista social Nelson Peña, “visitaron” la
casa de Sanabria, ubicada en la compañía Yka’a, de Luque.

Los
indignados acudieron al lugar con pancartas y  pasacalles con reclamos al abogado por su
cuestionada actuación. Desde la calle lanzaron huevo y papel higiénico al patio
de la vivienda. Fue imposible comprobar sí el sobrino del juez se encontraba o
no en su casa.

En el lugar
se hizo presente una fuerte dotación policial, y un camión tumba fue
estacionado frente al acceso a la vivienda, con la intención de evitar el
escrache.

Según los
antecedentes, el abogado Pablo Sanabria, en representación de la firma
inmobiliaria, junto al oficial de Justicia Óscar Núñez, y el comisario Víctor
Vera, desalojaron y dejaron en la calle a la esposa del músico luqueño.

En la oportunidad
echaron la antigua vivienda de la anciana con un tractor.

Según la
denuncia, el abogado Pedro Sanabria actuó con prepotencia y ordenó desalojar a
la señora Irma Concepción Rojas, quien tuvo que ser internada a raíz de la
penosa situación que le tocó vivir.

La orden de
desalojo fue firmada por el juez de San Lorenzo, Gustavo Chilavert.

Según las quejas, la empresa estaría
contaminando y generando polución sonora.

Los afectados de la comisión vecinal «Santa Catalina», patrocinado por el abogado Vidal Pereira, presentaron denuncias en la Fiscalía Ambiental, Municipalidad de Luque, y en el Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, la firma ubicada sobre la calle 7 de Octubre, continúa operando tranquilamente en plena vecindad, por lo que decidieron realizar la movilización para exigir que se mudara del barrio.

Durante la movilización, los afectados dijeron que la firma se dedica al reciclado de plásticos, expidiendo un olor muy fuerte y supuestamente contaminado el barrio entero, cometiendo un grave daño ambiental.

Los lugareños se levantaron contra la empresa
como una medida extrema, teniendo en cuenta que las autoridades competentes no
procedieron a suspender las actividades en la fábrica.

El abogado Vidal Pereira explicó que las denuncias son por delito ambiental y polución sonora.

En ese sentido indicó que los vecinos
emplazaron en la oportunidad al administrador de apellido Escobar para abandonar
el lugar. Tienen tiempo hasta el 20 de diciembre para dejar el local alquilado,
donde permanecen hace tiempo.

El tinglado es propiedad de Darío Cáceres, ex presidente del Sportivo Luqueño, precisó el abogado Pereira.

En esa
ocasión, personas extrañas intentaron quemar el automóvil de su hermana. El
vehículo estaba estacionado en el patio de la vivienda.

Además, lanzaron petardos 12X1 contra puertas, ventanas y techo de la casa para amedrentarlo. Allí se encontraba su hermana con sus hijos menores.

El hecho
ocurrió en la madrugada del viernes, y mediante la rápida reacción de los
vecinos, se pudo evitar que el vehículo se incendiara por completo, explicó
Santander.

Coincidentemente,
en la madrugada del sábado también quemaron el “escrache móvil” en San Lorenzo.

El minibús,
propiedad del escrachador Luis Coronel, fue rociado con combustible y luego le
prendieron fuego.

Ataques simultáneos

Ambos
ataques vandálicos ocurrieron prácticamente en formas simultáneas.

Según el
escrchador luqueño, Cristian Santander, ambos ataques ocurrieron
coincidentemente luego del escrache al intendente de Luque, Carlos Echeverría
(ANR), a quien responsabiliza por los hechos acaecidos.

Santander
denunció que los policías y fiscales de Luque se negaron a investigar el ataque
a su casa, alegando que “no pasó de una amenaza contra su persona”.

Cristian Santander y Luis Coronel forman parte de la la Comisión de Escrachadores que «derrocó» al entonces senador colorado Oscar González Daher.

También realizaron movilizaciones contra otros políticos, entre ellos el diputado liberal Rodrigo Blanco, y el intendente luqueño Carlos Echeverría.