La medida se da debido a que Óscar González Daher y
Javier Díaz Verón están implicados en “significativos hechos de corrupción”,
refiere la nota del Departamento de Gobierno de EE.UU.

Por esa razón, el país norteamericano decidió prohibir
de por vida la entrada a su territorio a ambas ex autoridades del Estado

Clan
familiar

Así también, la medida afecta a otros miembros del clan
González Daher: Nélida Chávez de
González, Óscar Rubén González Chávez (concejal de Luque), María González Chávez; parientes de
Óscar González Daher.

Por parte de la familia del ex fiscal general del
Estado ya no podrán ingresar a EEUU María Selva Morínigo, Yerutí Díaz Morínigo,
Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de Javier Díaz
Verón.

«Son los primeros y estoy seguro que no serán los
últimos», afirmó el embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny, en
comunicación con periodistas que cubren la Cancillería Nacional.

“La acción del Gobierno de Donald Trump es una fuerte
señal de que está “comprometido a combatir la corrupción sistemática y apoyar
el Estado de Derecho del Paraguay”, señala la nota del Departamento de Estado.

La fuerte medida se dio a conocer justamente en el
marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Antecedentes del caso González Daher

Óscar González Daher fue acusado por asociación
criminal y tráfico de influencia por el caso de los audios filtrados del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, cuenta con una acusación por
enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.

Este último caso guarda relación con las operaciones de
la empresa Príncipe di Savoia SA, que pertenece –entre otros– a Óscar González
Daher.

A raíz del escándalo que desataron los audios filtrados
del JEM, González Daher renunció a la Cámara de Senadores en 2017.

El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones
confirmó que el ex legislador afrontará juicio oral y público por el caso que
vincula al JEM.

Oscar González Daher y su hijo Rubén estuvieron presos
por 10 meses en la Agrupación Especializada, hasta el mes de julio pasado.

En la tarde de este jueves, la Cámara Alta se reunió en
sesión extraordinaria para tratar el pedido de pérdida de investidura
presentado por los senadores Antonio Barrios, Stephan Rasmussen, Enrique Riera,
Fidel Zavala, Óscar Salomón, Georgia Arrúa, Martín Arévalo, Blas Lanzoni,
Arnaldo Franco, Hermelinda Ortega, Juan Afara y Javier Zacarías Irún.

Los representantes del Partido Democrático Progresista
(PDP), los liberales oficialistas y el Frente Guasu no participaron de la
sesión.

En reemplazo de Cubas, deberá jurar Miguel Fulgencio
“Kencho” Rodríguez del Frente Guasu. Aunque Georgia Arrúa y los parlamentarios
de Patria Querida reiteraron que a Cubas debe reemplazarlo alguien de su
partido.

El senador Enrique Bacchetta (ANR- Añetete) fue quien
solicitó que la sesión se constituya en Comisión para tratar la expulsión.
También se encargó de presentar los argumentos por los que se solicitó la
pérdida de investidura.

Sin embargo, el pedido formal al presidente del Senado,
Blas Llano, fue hecho por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, tras el
incidente protagonizado por Paraguayo Cubas en la comisaría de Minga Porá, en
donde acudió para cuestionar a los agentes por la supuesta liberación de
rollotraficantes brasileños.

González Cháves obtuvo un permiso de dos días semanales
del juez Humberto Otazú para volver a “trabajar” en la Junta Municipal de la
Municipalidad de Luque.

PROCESADOS

El ex legislador y el edil fueron imputados por
enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de
dinero. El primer hecho punible es considerado crimen con una expectativa de pena
hasta 10 años de cárcel, por lo que no se prevé medidas alternativas a la
prisión, mientras que los últimos dos delitos tienen una expectativa de hasta 5
años de cárcel.

Según los antecedentes, ambos son propietarios de la
empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia que habría movilizado 8 billones de
guaraníes, monto que no pudo pudieron justificar con los ingresos de los
investigados y que está lejos de una posible inconsistencia.

Sin embargo, diez meses después de estar presos en la
Agrupación Especializada, padre e hijo salieron con arresto domiciliario, y un
par de semanas después obtuvieron permisos para “trabajar”.

En ese sentido, el edil con permiso Rubén González
Chávez logró recuperar su banca en la corporación legislativa de Luque, con “ayuda”
de las concejalas Francisca Franco y Belén Maldonado, ambas del PLRA.

Al principio, la bancada liberal le hizo el “vacío” al
concejal González Cháves, dejando sin quórum la sesión ordinaria de la Junta la
semana pasada.

Sin embargo, el jueves pasado Franco y Maldonado
acudieron a la sesión extraordinaria, aceptando tácitamente al cuestionado
concejal, quien pudo recuperar su banca.

Los demás concejales opositores Cristhian Bernal,
Silverio Mosqueira, Jorge Acosta y Manuel Achucarro Gill, presentaron un
dictamen jurídico  para sentar postura
contra y cuestionar la vuelta de González Cháves.

Los citados ediles coincidieron en señalar que no están
de acuerdo con la reincorporación a la Junta del procesado, pese a que cuenta
con permiso del juez Humerto Otazú.

Achucarro Gill solicitó que la nota se lea a través de
secretaría ante el pleno de la Junta, que fue llevado al sexto punto en la
orden del día.

ABANDONÓ
LA SESIÓN

Esta situación fue aprovechada por el cuestionado
concejal para abandonar la sesión y evitar escuchar el dictamen de los cuatro
concejales del PLRA.

El edil Jorge Acosta (PLRA), tildó a González Cháves de preso sambukú.

Mientras Silverio Mosqueira, también del PLRA,
cuestionó a su colega procesado por “trabajar” solo dos días semanalmente y
percibir G. 20 millones. Le dijo a González Cháves que por lo menos por ética no
puede continuar como concejal. Luego le hizo recordar que fue elegido por el
pueblo luqueño para trabajar siete días semanales por el sueldo que percibe.

El principal cuestionamiento es que el concejal cumple arresto domiciliario fuera del Municipio de Luque. Es de decir, en Asunción, mientras los martes y jueves, González Cháves viene a cumplir funciones laborales en Luque.

La vivienda pertenece a Josefina Alfonso, y los vecinos
y soldados de “La Remonta”, ayudaron a sacar los objetos de valor de la casa
ante el “ataque con fuego”, explicó Fredi Medina.

El insólito caso comenzó este sábado con un incendio
aparentemente casual, que fue controlado por los bomberos.

Sin embargo, luego en forma repentina comenzaron a quemarse
ropas, muebles, colchones y otros objetos.

Acudieron bomberos, policías y hasta los diáconos a
orar para «espantar el mal» y no hubo caso, explicaron los
preocupados lugareños.

Las familias que habitan la «casa del terror»
tuvieron que mudarse debido a qué el fuego comenzaba en cualquier rincón de la
casa, y están asustados.

Luque Noticias estuvo presente cuando las llamas se
originaban en cualquier rincón de la casa. Ni el carrito de un bebé se salvó.

En la noche de este sábado volvieron los Bomberos de
Luque para realizar el proceso de enfriamiento de la casa de modo a evitar que
se produzcan más incendios.

Los dueños y los vecinos atribuyen a extraños fenómenos
paranormales.

Relataron que el pasado 29 de setiembre se escucharon algunos ruidos raros, y además aparecieron velas y otros objetos sospechosos sobre la mesa, debajo de la cama y otros sitios de la casa.

El encuentro se desarrolló
en la tarde-noche del sábado en la Plaza Central Mariscal López, de Luque.

Roa declaró a la radio
Azul y Oro que el político luqueño se benefició rápidamente con la reciente
modificación del Artículo 245 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, existen unos
3.700 reos en las penitenciarías esperando salir con la nueva disposición. Es
decir, los jueces privilegian a los políticos.

Recordó que hace un año
crearon la comisión para escrachar a los políticos corruptos.

En ese sentido recordó la
primera movilización fue contra el entonces diputado José Ibáñez, y luego una
larga movilización contra el senador González Daher, en Luque, y más adelante
contra otros políticos de la misma calaña.

Varios referentes
ciudadanos participaron de la conmemoración del primer año de la Comisión de
escrache ciudadano.

Una vez desactivada la amenaza de juicio político en su
contra, tras conocerse que Brasil dejó sin efecto el polémico acuerdo sobre
Itaipú, Mario Abdo Benítez, habló desde Palacio de López, denotando estar
agotado por los vaivenes políticos de los últimos días.

En las próximas horas podrían surgir más cambios en el
Gobierno, pese a que el mandatario se limitó a informar durante su discurso.

Tras el polémico acuerdo, el Ejecutivo tuvo que hacer
una barrida de funcionarios de altos cargos como el Canciller, Luis
Castiglioni, el embajador en Brasil, Hugo Saguier, el director de Itaipú, José
Alberto Alderete, y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez.

Vice no estuvo

El cuestionado vicepresidente de la República, Hugo
Velázquez, llamativamente no acompañó al presidente durante su discurso.

Velázquez es fuertemente cuestionado por su presunta implicancia en el acuerdo secreto con los brasileros.