La pesquisa guarda relación con los incendios forestales, presuntamente provocados este fin de semana, en la zona de Tarumandy, camino Luque-San Bernardino.
La denuncia fue radicada por la propia Secretaria de Emergencia Nacional (SEN).
El operativo se dio en la zona de Yabebyry, departamento de Misiones, en la ruta que une a este distrito con la localidad de Panchito López.
Los presuntos traficantes iban a bordo de dos camiones de la marca Kía, uno de los cuales contaba con sistema de doble fondo en la carrocería. Dentro del mismo fueron detectados 429 paquetes con un peso total de 456 kilos 700 gramos de clorhidrato de cocaína
La fiscal interviniente, Abg. Elva Cáceres, dispuso el traslado de los vehículos y aprehendidos hasta la Base de Operaciones de la SENAD en Asunción donde se realizó la extracción y pesaje de la droga. La misma estaba oculta en un compartimiento preparado bajo la carrocería de uno de los rodados.
Los detenidos fueron identificados como:
1)- Anibal Almada Russi (44)
2)- Alfredo Ignacio Centurión Romero (31)
3)- Reinaldo Ramón Aquino (29), sin cédula de identidad.
4)- Alexis Elías Centurión Romero (30)
5)- Fernando Luis Florentín Britos (45)
6)- Édgar Agustín Lambaré González (31)
El valor aproximado de la carga en la región sería de unos 13,7 millones de dólares.
El ex titular de la Gobernación fue condenado por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Deberá cumplir su condena en la cárcel de Tacumbú.
Otros cinco ex funcionarios de la Gobernación fueron sentenciados en la causa, que se inició por el desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos destinados a proyectos de reactivación económica, asignados para obras civiles y viales, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Los demás condenados son Miguel Ángel Robles Ibarra, ex asesor y ex director de Gabinete, a una pena de 10 años de prisión; y Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas; Lourdes Lezcano Decoud, ex secretaria; Luis Eduardo Allende Araújo, ex tesorero; y Modesta Valiente, ex secretaria, a 2 años de prisión cada uno.
A todos ellos, sus medidas sustitutivas les fueron revocadas para su remisión a prisión.
Durante el juicio, los agentes fiscales Rodrigo Espínola, Néstor Coronel y Francisco Cabrera actuaron en representación del Ministerio Público, y pudieron demostrar que durante la administración de Hugo Javier González se implementó un esquema delictivo, que los proyectos nunca fueron ejecutados y carecían de los respaldos técnicos y financieros necesarios para justificar las resoluciones firmadas por el entonces gobernador.
El daño causado “va más allá del monto sustraído, ya que se atentó directamente contra la capacidad del Estado paraguayo para atender una emergencia sanitaria, afectando profundamente a la población”, destacó en su alegato el fiscal Rodrigo Espínola.
ESQUEMA DELICTUAL
“Miguel Ángel Robles Ibarra ideó y lideró un esquema formado por funcionarios de la Gobernación y representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y así también con constructores para la realización de obras. Esto, para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado. Entonces, así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso del dinero público”, señaló, durante la, lectura de la sentencia, la jueza Karina Cáceres, quien presidió el Tribunal que integraron además las juezas Yolanda Morel y Ana Rodríguez,
“A cuantas familias se hubiera beneficiado con esta utilización de dinero de fuente de trabajo o camas de terapia intensiva o medicamentos para los hospitales”, cuestionó el tribunal.
“Obras fantasmas”
El ex gobernador Hugo Javier González estuvo representado en el juicio por los abogados Bernardo Villalba, Idilio Acosta y Fausto Portillo, quienes anunciaron que la sentencia es apelable. Ellos habían solicitado en sus alegatos finales la absolución de culpa y reproche del Numero 2, ya que, según afirmaron, se demostró en el juicio que sí existen las 14 obras por las que la Gobernación desembolsó G. 5.105.600.000. Aseguró, inclusive, el abogado Bernardo Villalba, que “eso de ‘obras fantasmas’ quedó desbaratado en este juicio”. Fuente: ÚH.