El niño de 8 años, del tercer grado, turno mañana, presentó un corte en la bolita, que le produjo sangrado.

El hecho se detectó días pasados, cuando el menor comenzó a llorar y mostrar signos de mucho dolor en su parte íntima, explicó el Lic. Menelio Rodríguez, director de la Escuela Básica N° 860 Maestro Antonio Marcos Silva, de la compañía Maramburé-Luque.

Según el director, en primer lugar auxiliaron al chico y lo llevaron hasta el Hospital General de Luque, en donde recibió la atención médica y se detectó que presentaba una herida en la piel del testículo.

Agregó que a través del circuito cerrado de la escuela no se pudo precisar sí le pasó en el patio de la escuela o el alumno ya vino así de su casa.

El escolar estaba jugando en el recreo cuando en forma repentina, a través de su hermana de un curso superior, se alertó del confuso caso.

Al principio se especuló que fue herido por otros niños, pero su buzo no presentaba corte. Se sospecha que el hecho habría ocurrido en su casa, pero a raíz del dolor durante el recreo decidió contarle a su hermana. No quiso que se le revise en la institución.

El padre radicó la denuncia en la Comisaría 60ª de Maramburé. El jefe de la unidad policial, el Crio. Ppal. José Zárate, elevó el caso a la Fiscalía.

La denuncia fue hecha por el presidente de Asora Paraguay, Gustavo Espínola, quien se mostró sorprendido por el grave hecho.

Se dio intervención a la Fiscalía, Mades y la Policía Nacional, agregó Espínola.

Según las primeras averiguaciones, el guacamayo rojo fue cazado a escopetazo.

Ocurrió en la mañana de este jueves en zona de Isla Bogado, donde un vecino le disparó y lo hirió mortalmente.

El gua’a  pytá fue descuartizado y le sacaron las tripas, dejándolo con huesos, plumas y piel.

El presidente de Asora Paraguay realizó una denuncia penal en la Fiscalía de Luque.

Se dio intervención a la Policía Ambiental y al Ministerio del Ambiente.

El procedimiento fue encabezado por el inspector Édgar Sosa, responsable de la Patrulla Caminera en la zona.

El uniformado señaló que reciben constantes denuncias de los ciclistas a raíz de que los motociclistas invaden el carril y generan peligros.

Más de 30 conductores de autos, motos y camionetas fueron sancionados por diferentes infracciones.

La mayoría de los motociclistas fueron multados con diez jornales por circular en la bicisenda y la banquina.

Otros no contaban con documentos para circular (lincencias de conducir y habilitaciones), además se detectaron que no portaban cascos protectores y chalecos reflectivos.

El procedimiento arrancó, a las 05:00 y se extendió hasta las 08:00.

Los agentes también ordenaron el tránsito en el cruce entre Silvio Pettirossi y Gral. Elizardo Aquino (Tape Tuja).

Un grupo de padres volvió a manifestarse en la mañana de este miércoles en la institución, en Costa Sosa, Luque, exigiendo su inmediata destitución a raíz de la desafortunada expresión de la propia supervisora de la Región 11-30, Zully López, quien al intentar minimizar la grave denuncia alegó en una entrevista a Luque Noticias, que la idea de dar el dinero a la directora “les nació a los propios niños”, quienes supuestamente se quedaron conmovidos por el hurto del celular a la directora.

Lo dicho por la supervisora enervó los ánimos y los padres acusaron a ambas de mentir y denunciaron públicamente que la directora de exigir G. 10.000 por alumno y luego recorrió aula por aula con alcancía para juntar moneda por moneda, dejando a los niños sin dinero para el recreo.

Al principio, la directora reconoció el grave hecho, pidió disculpas y se comprometió a devolver el dinero recaudado, la suma de G. 110.000.

Fue en un momento de “debilidad”, dijo. A raíz de la denuncia y la presión de los padres, devolvió el dinero.

Sin embargo, ante la presión de los manifestantes redactó su renuncia y entregó a la supervisora para comunicar a los padres y así calmar los ánimos.  

La docente, quien no reúne el perfil para ocupar el cargo de la Dirección de la Escuela, llamativamente hace cuatro años fungía de directora, pese a varias denuncias en su contra por maltratos a alumnos y padres, señalan las denuncias de las madres.

Según los antecedentes, la directora entró aula por aula para exigir a los niños que le den parte del dinero que llevaron para su recreo. Los alumnos “cooperaron” con la directora entre 2.000 y 5 mil guaraníes, varios de ellos quedaron sin ni una moneda y sin merienda.

Supervisora trató de minimizar grave denuncia

La supervisora Zully López, de la Región 11-30, de Luque, fue consultada por Luque Noticias acerca de la grave denuncia contra la directora Cristina Torres, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por su falta de tacto para manejar una situación delicada tras el supuesto hurto de su aparato celular en la institución, durante una reunión con los padres, pero al final los niños tuvieron que aportar para que la docente pueda comprar el teléfono.

Protegida

Según averiguaciones, en enero pasado se llevó a cabo el concurso de oposición de cargo de la Dirección de la Escuela Básica De Las Residentas, pero el docente que ganó el puesto optó por otra institución.

Sin embargo, el llamado para el nuevo concurso llamativamente fue desconvocado en febrero pasado para dejar el camino libre a la encargada de despacho, Cristina Torres, quien hace cuatro años ocupa el cargo de directora en la citada escuela, pese a que no reúne el perfil para ser directora y un rosario de denuncias en su contra por diversos hechos.

El propio director Departamental de Central, Francisco Canatta, habría solicitado al MEC la suspensión del concurso de la Dirección de la Escuela, indicaron los padres.

Los manifestantes también solicitaron el traslado de la profesora Jazmín González; rendición de cuentas por matriculación de alumnos y actividades encaradas por la anterior administración de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE).

Dejó sin dinero para el recreo a los chicos y juntó G. 110.000. Fue en un momento de “debilidad”, dijo. Se comprometió a devolver el dinero. La comunidad educativa exige su destitución, mientras la supervisora Zully López, trató de minimizar la grave denuncia contra su protegida.

La docente, quien no reúne el perfil para ocupar el cargo de la Dirección de la Escuela, llamativamente hace cuatro años funge de directora, pese a varias denuncias en su contra por maltratos a alumnos y padres.

Ahora, sumó una nueva y grave denuncia en su contra tras quitarles el dinero a los estudiantes que trajeron para el recreo, pese a que los niños no tenían nada que ver con el hurto del aparato celular, que según la propia directora ocurrió durante una reunión con los padres en medio de la entrega de los kits escolares, el pasado jueves 29 de febrero.

Ante el grave hecho, los padres reaccionaron y encararon a la directora en su propio despacho, exigiendo que pida disculpas y que devuelva el dinero que sacó de sus hijos.

Ante la presión, la educadora reconoció públicamente su mala actuación y se comprometió a devolver la plata. Dijo que fue en un momento de «debilidad y superada» por los nervios.

Según el crudo relato de las madres, la directora entró aula por aula y alcancía en manos exigió a los niños a que entreguen parte del dinero que llevaron para su recreo. Los alumnos “cooperaron” con la directora entre 2.000 y 5 mil guaraníes, varios de ellos quedaron sin una moneda para el recreo, pasando hambre, incluso.

Los padres exigieron a la directora a pedir disculpas a los alumnos para zanjar el penoso hecho y prácticamente llegaron a un acuerdo.

Supervisora minimiza grave denuncia

La supervisora Zully López, de la Región 11-30, de Luque, fue consultada por Luque Noticias acerca de la grave denuncia contra la directora Cristina Torres, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por su falta de tacto para manejar una situación delicada tras el supuesto hurto de su aparato celular en la institución, durante una reunión con los padres, pero al final los niños tuvieron que aportar para que la docente pueda comprar el teléfono.

Según López, ella se fue a la institución para “otro trabajo”, pero se “encontró” con la denuncia de los padres.

La supervisora aseguró que “la idea fue de los niños de juntar el dinero y entregar a la directora” para paliar la compra de un teléfono nuevo.

La desafortunada expresión de la supervisora generó el repudio generalizado de los padres, quienes exigen la “inmediata” destitución de la directora y la intervención de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para realizar una auditoría de la gestión de la cuestionada directora.

Los padres convocaron este miércoles para una manifestación, a primeras horas de la mañana. Allí, pedirán la salida de la encargada de despacho, alegaron.

Varias madres dijeron que sus hijos ya no quieren volver a la escuela por miedo a la directora.

Protegida

Según averiguaciones, el año pasado se llevó a cabo el concurso de oposición de cargo de la Dirección de la Escuela Básica De Las Residentas, pero el docente que ganó el puesto optó por otra institución.

Sin embargo, el llamado para el nuevo concurso llamativamente fue desconvocado en febrero pasado para dejar el camino libre a la encargada de despacho, Cristina Torres, quien hace cuatro años ocupa el cargo de directora en la citada escuela, pese a que no reúne el perfil para ser directora.

El propio director Departamental de Central, Francisco Canatta, habría solicitado al MEC la suspensión del concurso de la Dirección de la Escuela.

Los padres también dijeron que para la inscripción del presente año lectivo, la directora interina cobró G. 30.000 por alumno, luego solicitó G. 20.000 para pintura y actividades para recaudar fondos, pero no rinde cuentas de su administración. Pero la gota que colmó el vaso fue sacar el dinero para la merienda del recreo a los niños.

El presidente de la Junta Municipal, Manuel Achucarro Gill (PLRA), convocó a una sesión extraordinaria para este lunes con el objetivo de aprobar el proyecto de la ordenanza de la Dirección de Tránsito, específicamente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), según la Nota SG N° 138/2024 (único punto).

Estuvieron presentes en la sala de sesiones los ediles Manuel Achucarro Gill (presidente de la Junta Municipal), Arnaldo Baeza (ANR), Enrique Quintana (ANR), José Meza (PLRA), Iván Velázquez (ANR), y Ramón Servín (ANR), quienes se quedaron con las ganas de aprobar el cuestionado proyecto de ordenanza.  

En forma llamativa, llegó tardíamente la vicepresidenta Francisca Franco (PLRA), mientras Belén Maldonado (PLRA) y Diego Romero (ANR), se quedaron en la antesala para no dar cuórum.

Los concejales Eliseo Fernández y Juan Ángel Marecos estuvieron ausentes.

De esta manera, se evitó un golpe al bolsillo de los sufridos contribuyentes luqueños.

El titular de la Junta, Achucarro Gill, negó que se haya intentado aprobar la inspección obligatoria de los vehículos, alegando que en el anterior periodo participó de la suspensión de la ITV en Luque.

Tras el fallido intento, los ediles se reunieron en comisión de Tránsito, presidida por el concejal proyectista Enrique Quintana, y acordaron dejar sin efecto el “Art. 33° de vehículo, inspección técnica obligatoria”.

El proyecto también incluye la reglamentación de las plataformas de viajes alternativos, además de multas por estacionar en veredas y otros sitios prohibidos, según informaron.

Cabe recordar que en el 2016, la Municipalidad de Luque, decidió derogar la Inspección Técnica Vehicular (ITV), como requisito obligatorio para regularizar patentes de rodados.

Sin embargo, nuevamente convocaron a una extraordinaria para tratar sobre la aprobación de la ITV, que fue frenada mediante la presión ciudadana.