El niño, quien actualmente tiene 3 meses, se encontraba en poder del médico Juan Carlos Martínez Cañete, cuyo departamento fue allanada este último domingo, en la ruta Las Residentas casi 14 de Julio, en el edificio San Miguel, camino Luque -Areguá.

El profesional de la salud, quien en el momento del procedimiento se encontraba en compañía de una mujer y del bebé, confesó que se trataba del niño buscado por la Fiscalía, por lo que se procedió a su detención y rescate del niño junto con el Dpto. de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional y la defensora pública de la Niñez y la Adolescencia, Adriana Marecos.

Según la propia madre, quien fue imputada, le habría entregado el niño al médico, tras dar a luz y luego de salir de alta del Hospital Barrio Obrero, el pasado 29 de mayo.

La fiscal Girala solicitó la orden de allanamiento tras informaciones que vinculaban al médico con Laura Beatriz Fernández Coronel, madre del niño procesada por violación de las reglas de adopción, del deber de cuidado y educación.

Mediante la declaración de la trabajadora social del Hospital Barrio Obrero, Lic. Odorina Benítez Gamarra, se llegó hasta el Dr. Martínez Cañete, ya que este le habría enviado un mensaje preguntando por la madre y el recién nacido, sin ser familiar de ambos, lo que llamó la atención de la trabajadora social, según el hilo de la investigación.

Tras estos nuevos datos, la madre del niño compareció ante la sede fiscal y mencionó que en realidad ella no sabía quién era el padre biológico de su bebé porque se dedicaba a la prostitución, entonces decidió declarar que la persona a quien entregó al bebé era el padre biológico porque sería más fácil, ya que este hombre, a quien llamaba “Gus”, le mencionó que quería un bebé, porque no podía tener hijos con su esposa.

Fue así que la acompañó, junto con una mujer que sería su esposa, durante todo el embarazo, inclusive pagando los estudios médicos. Laura Fernández describió el aspecto físico de la persona a quien entregó a su bebé, lo cual coincide con el médico cuyo departamento fue allanado.

La Fiscalía incautó varios objetos y documentos que guardan relación con la entrega ilegal del pequeño niño, luego de estar internado desde el 17 al 29 de mayo en el Hospital Barrio Obrero, hecho por el que se encuentran imputadas Laura Beatriz Fernández Coronel y María Lurdes Coronel.

El allanamiento fiscal y policial fue ejecutado por agentes del Servicio de Inteligencia Unificada (SIU), FOPE y la Fiscalía.

Según informaciones preliminares, hubo un intercambio de disparos y, en medio de la balacera, resultó herido mortalmente el parlamentario. El político acusó cuatro disparos y falleció camino al hospital local.

En otro allanamiento fue detenido el hijo del político cartista Eulalio Lalo Gomes, alrededor de las 03:00 de este lunes, indica la Policía.

El gobernador de Amambay, Juan Acosta, fue uno de los primeros en enterarse de los procedimientos y la radioemisora local de su propiedad informó en un principio acerca del deceso del político de Amambay, vinculado en los últimos tiempos por un medio de Brasil al narcotráfico.

Posteriormente, el comisario Rubén Galeano, jefe de la Comisaría 2ª de Pedro Juan Caballero, confirmó a los medios que Lalo Gomes fue abatido durante el procedimiento fiscal y policial.

Padre e hijo, imputados

Según el acta de imputación del Ministerio Público, los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres resolvieron imputar este mismo lunes a Eulalio Gomes y su hijo, Alexandre Gomes, por supuestos vínculos a un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

Los otros imputados en la misma causa son Luis María Zubizarreta, John Gerald Mathias y Óscar Daniel Cabreira Pinazo.

El documento de la imputación tiene más de 50 páginas y detalla el vínculo del diputado y su hijo con el esquema del crimen organizado liderado por Jarvis Chimenes Pavão y su descendencia, señaló radio Monumental 1080 AM.

El junio pasado, el medio brasileño Rede Record realizó un reportaje sobre el diputado cartista, a quien lo tildaron de ser colaborador de “grandes narcotraficantes brasileños”.

En el material periodístico señalaron que se tienen datos de transacciones que realizó el legislador con Cabeza Branca, como traspaso de inmuebles que superarían los USD 3 millones.

También se reportaron vínculos financieros con Antonio Joaquim Mota, que le pidió cambiar un cheque por valor de USD 50.000. Ambos narcotraficantes están presos en Brasil.

En Brasil aseguraron que el diputado contaba con protección de la Senad y del Ministerio Público para seguir operando.

La esposa y la hija del legislador acusaron a la Policía de ejecutar a Lalo Gomes.

La muerte del parlamentario causó un gran revuelo a nivel político nacional.