El operativo se inició el el lunes 31 de enero y culminó el 2 de febrero del corriente año. Los controles se hicieron en Central, Presidente Hayes, Alto Paraná, Itapúa y Salto del Guairá  y en la tarea participaron representantes de la Comisión Interinstitucional de Transporte (CIT), Viceministerio de Transporte, Instituto de Previsión Social (IPS), la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), con apoyo de la Patrulla Caminera y Policía Nacional.

De los 165 chóferes, 57 no contaban con seguro social, 39 trabajaban más de 8 horas, 23 no cobraban ni salario mínimo, 17 no cobraron aguinaldo, de los cuales 4 no percibieron porque aún no cuentan con antigüedad; 42 no cuentan con vacaciones, entre ellos 3 conductores aún no les corresponden por falta de antigüedad.

El Ministerio del Trabajo, continuará con este tipo de fiscalizaciones, en búsqueda del cumplimiento de los derechos laborales de los chóferes y por lo tanto de la disminución de la informalidad laboral.

La fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico encabezó un allanamiento a cargo de los agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

El procedimiento fue ejecutado en una casa de las calles La Victoria y Maneco Galeano del barrio Reducto, donde fueron confiscados 15 paquetes de marihuana prensada que contenían 77,7 kilogramos, 14 bolsitas de polietilenos con 134 gramos de sustancias herbáceas, además de 1 balde con sustancias herbáceas húmedas, 1 bolsa arpillera con 9 kilogramos de supuesta marihuana, 1 paquete de sustancias blanquecinas, totalizando 226 gramos y 3 bidones con sustancias líquidas, aparentemente precursores químicos.

Asimismo, se confiscó 1 romana de precisión, 3 bidones de 5 litros con sustancias líquidas para la elaboración de estupefacientes, 1 prensa hidráulica, 15 frascos de probable bicarbonato de sodio, 1 revólver y 17 cartuchos vivos calibre 38 mm., 7 cartuchos vivos calibre 32mm., 1 rifle aire comprimido con mira telescópica y 3 bidones con sustancias líquidas.

Los controles prosiguen en supermercados, comercios, mini markets, autoservices y afines con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 1.334/98 de Defensa del Consumidor, refiere la nota compartida por el Municipio, a través de sus redes sociales.

Se insta a la ciudadanía que ante cualquier irregularidad acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00, y los sábados de 08:00 a 11:00, en la Antigua Sede Municipal, donde los consumidores pueden formalizar sus denuncias o reclamos.

Además, charlas sobre valores a cargo de la Policía Nacional y el Grupo Lince, así también el desayuno saludable para los niños, un taller de artes plásticas con materiales reciclados y un taller de expresión corporal a cargo de maestras de la Escuela Municipal de Danza.

La profesora Gricelda Gill realizó la entrega simbólica de un libro a la Presidenta de la comisión vecinal de la zona, con el compromiso de montar una mini biblioteca permanente en el lugar, a fin de seguir promoviendo la lectura en los más pequeños.

Tras el atentado que dejó como saldo dos fallecidos y cinco heridos, el presidente de la República Mario Abdo Benítez, nombró en el cargo a Fleitas en reemplazo del comisario general Luis Arias Navarro, quien pasó a retiro.

Fleitas dirigió algunas palabras a los familiares de la modelo Cristina Aranda, quien sería una víctima colateral del episodio. Aseguró que la institución policial centrará sus esfuerzos en resolver el crimen de la influencer.

“Todos los esfuerzos de mi institución van a estar enfocados en resolver este crimen y no vamos a descansar hasta lograrlo”, expresó.

Una guerra narco es la principal hipótesis que manejan los investigadores y el objetivo sería Marcos Rojas Mora, quien fue el segundo fallecido tras el tiroteo. Los investigadores especulan que el hombre estaba vinculado al microtráfico de cocaína y disputaba territorio con el clan Rotela.

Los heridos y detenidos son: José Luis Bogado Quevedo, que posee orden de captura internacional por la Interpol, con 34 procesos abiertos en Brasil por el delito de organización delictiva, vinculados con el narcotráfico, y Marcelo Monteggia Díaz, oriundo de Pedro Juan Caballero, quien cuenta con una orden de extradición por parte de Bolivia por homicidio doloso.

La Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, en compañía del fiscal Marco Amarilla, fueron los responsables del operativo.

Los detenidos son Víctor Ramón Pereira González, de 22 años y su hermano menor, Mauricio Rafael Pereira González, de 21 años. Del poder de los mismos se incautaron 24 gramos de crac, que representan unas 240 dosis de la sustancia para la distribución final.

Los jóvenes, al igual que las evidencias, fueron remitidos a la Base de Operaciones de la Senad por disposición del representante del Ministerio Público.