Se bajó la persiana de un nuevo capítulo del torneo de la División Intermedia, donde Sportivo Trinidense (26 pts.) es el solitario líder del campeonato y sus inmediatos perseguidores son Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño, ambos con 25 unidades, y más atrás se ubica Pastoreo FC con 24 puntos.
Más de 20 familias se instalaron hace casi 10 años en una calle en la zona de Cañada Garay, Luque. Hace un par de semanas, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna, Abg. Raúl Salinas, se constituyó al lugar pero llamativamente hasta el momento no ejecuta la orden de despeje, haciendo caso omiso a la sentencia definitiva.
Llamativamente, el concejal Baeza participó de la constitución de la Asesoría Jurídica.
La ocupación ilegal fue denunciada en la época del entonces intendente liberal César Meza Bría. En el 2014 se logró una medida de urgencia para despejar la calle, pero no se ejecutó, explicó el abogado Daniel Vergas Rojas, vecino del lugar.
“La solicitud de apertura data del año 2017. Los vecinos solicitamos la apertura de calle, y llegamos a conseguir la SD del Juzgado de Faltas, en el año 2020, pero en Asesoría Jurídica quedó todo trancado, porque la cabecilla de los invasores es el concejal Arnaldo Baeza y el propio intendente Carlos Echeverría”, señaló el abogado Vargas.
Agregó que la Municipalidad cometió otro hecho irregular al abrir una nueva mensura administrativa para favorecer a los ocupantes ilegales, teniendo en cuenta que ya existe una mensura judicial del año 1983.
Documentos proveídos por el denunciante:
1)- Mensura judicial año 1983
2)- Resolución sobre apertura de calle año 2014
3)- Medida de urgencia.
4)- Sentencia definitiva, año 2020.
Las denuncias fueron realizadas por varias comisiones vecinales, entre ella comisión Yvyrá Pytá, presidida por el Abg. Daniel Vargas Rojas.
Según los antecedentes, en el año 2014 durante la administración del intendente César Meza Bría, ordenó la apertura de calle en la referida compañía.
Pero durante la administración actual del intendente Carlos Echeverría el caso se congeló prácticamente, según la denuncia.
La calle en disputa encuentra en la zona del km 18 Cañada Garay, de Luque.
Según el abogado Vargas, hace años que los vecinos vienen exigiendo la apertura de un largo tramo de la calle, pero hasta el momento no son escuchados por las autoridades municipales.
“Existe una resolución de la intendencia en donde se ordena la apertura de calle, por lo que estamos peleando para conseguir la apertura de calle. Tenemos los documentos necesarios como la mensura judicial, resolución municipal, informe de Castrastro, medida de urgencia de los años 2014 y 2018, y el expediente está congelado en Asesoría Jurídica”, relató el profesional.
VERSIÓN DE LA COMUNA
Luque Noticias contactó telefónicamente con el director jurídico de la Municipalidad de Luque, Abg. Raúl Salinas, quien admitió que su dirección se constituyó al lugar para interiorizarse de las denuncias.
Al respecto indicó que pudo comprobar que una calzada de la calle está ocupada, mientras la otra calzada utilizan los vecinos para movilizarse.
“Al principio creímos que la calle estaba totalmente ocupada, pero comprobamos que se puede pasar por el lugar”, añadió.
Además, “constatamos que los vecinos agrandaron sus terrenos hacia la calle. Sugerimos a los ocupantes y a los vecinos a llegar a un acuerdo, porque el lugar figura como calle y en algún momento tenemos que hacer el despeje”, comentó.
Acerca de la llamativa presencia del concejal Arnaldo Baeza, durante la constitución, dijo que estuvo en el lugar “porque tiene sus amistades en el lugar”.
El Vacunatorio del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, desde hoy 22 de junio dispone de vacunas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH), para niñas a partir de 9 años cumplidos en adelante.
La Dra. Laura Duarte, coordinadora de la Unidad Pediátrica Ambulatoria y del Vacunatorio del Hospital de Clínicas comentó que dichas vacunas por lo general se aplican en las escuelas, pero que a raíz de la pandemia hay muchos retrasos para completar el esquema.
“El nivel de cobertura que tenemos en el país es muy bajo, entonces planteamos a la región del programa ampliado de inmunización (PAI), de tal manera a tener las vacunas y ponerlas a disposición de la comunidad. Aquellas niñas que ya cumplieron los nueve años o que hayan recibido la primera dosis, pueden acercarse hasta el Hospital de Clínicas para completar el esquema o dar la primera dosis”.
La vacuna contra el VHP se aplica con un intervalo de seis meses cada una, si la niña empieza a los nueve años recibe dos dosis, y las de 15 años para arriba, tres dosis, dependiendo del caso.
“Ésta vacuna tiene como objetivo prevenir la infección por el virus de papiloma humano, responsable del cáncer de cuello uterino, una de las patologías más frecuentes en nuestro país que afectan a mujeres, entonces si se puede prevenir la infección también se puede prevenir el cáncer”, indicó la coordinadora.
Otras vacunas
En el marco del Plan Nacional de Vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las personas interesadas en recibir otras vacunas pueden acercarse hasta el vacunatorio ubicado en la Unidad Pediátrica Ambulatoria (UPA) de 07:00 a 11:30 y de 13:00 hasta las 17:00 horas.
La profesional manifestó que además prosiguen con la campaña de vacunación contra el sarampión, papera y rubéola (SPR), la poliomielitis y la fiebre amarilla. Así también dosis trivalentes contra la Influenza, que incluyen las dos cepas A y B y contra COVID 19.
El Prof. Dr. Akira Kikuchi, especialista de la Cátedra explicó que estas intervenciones quirúrgicas ayudan a subsanar la demanda de pacientes en lista de espera. En esta ocasión los pacientes que fueron sometidos a cirugía corresponden a los denominados infectados, provenientes de otras instituciones, así como del Hospital de Clínicas.
“El contar con un área de infectados nos convierte en una institución de referencia en cuanto a este tipo de cirugías, teniendo en cuenta que el tratamiento es largo, la solvencia del mismo, ya que se necesitan camas para albergar a los pacientes que suelen estar internados aproximadamente un mes y medio debido a las infecciones”, acotó.
Cabe resaltar que el área de Infectados de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología se encuentra en el Hospital de Clínicas (Sajonia), brindando una sala exclusiva para dichos pacientes, con 18 camas, algunas de ellas aisladas para casos de bacterias resistentes, recibiendo a pacientes de todo el país.
Por otra parte, el Prof. Dr. Rubén Morel mencionó que se realizaron cirugías de miembros superior e inferior. Son pacientes infectados post operados con patologías crónicas de infección periprotésicas, por lo general luego de la primera cirugía tuvieron infecciones y el trabajo realizado en estas intervenciones son para el lavado y retiro de los materiales.
El proceso realizado durante la jornada es el siguiente, se llevan a cabo las cirugías, posterior a eso los pacientes vuelven a ser trasladados a la sala de internados infecciosos en Sajonia, y para ciertos casos se cuenta con una sala provisoria aislada en el área de internados de Traumatología, a fin de no tener contacto con otros pacientes.
“Tenemos una infección periprotésica de cadera en la cual se le retira la prótesis y se realiza un buen lavado, así como intervenimos en infecciones a nivel de la tibia, además de dos húmeros con osteomielitis”.
Se debe recalcar que este tipo de cirugías son costosas y se viene trabajando en conjunto con el Pabellón Quirúrgico Central del Hospital de Clínicas y el Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología.
En el marco del juicio llevado adelante por los agentes fiscales Natalia Fuster y Luis Piñanez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, contra el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Pastor Alvarenga Núñez, y su esposa, presentaron este lunes los alegatos finales del caso y requirieron condenas de 8 años, y 2 años y 6 meses de cárcel para Alvarenga, respectivamente, así como el Comiso Especial Extensivo de bienes.
Ambos fueron acusados por la presunta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito. La causa había sido abierta tras hallarse indicios de no correspondencia con los ingresos del acusado como funcionario público y sus bienes.
En torno al caso, los fiscales anticorrupción realizaron diversas diligencias investigativas como, allanamientos, pericias, testificales; entre otras, que permitieron sostener la acusación contra los imputados.
Las investigaciones demostraron que, en el marco de los últimos diez años, el acusado registró un aumento desmedido en los bienes, que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, por lo que se concluyó que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública.
El mencionado aumento patrimonial excesivo consistió en la adquisición de múltiples vehículos automotores, la compra de un tractor, un vehículo cero kilómetro, así como el correspondiente pago de un cuantioso seguro para el mismo. Igualmente, la compra de diversos bienes e inmuebles; departamentos ubicados en diferentes edificios de la ciudad de Asunción, estancias de varias hectáreas, múltiples terrenos, y entre otras circunstancias la participación de uno de los miembros de la pareja como accionista en una empresa de seguridad.
Alvarenga, al ser designado comandante de la Policía Nacional en el año 2013, realizó la correspondiente declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República, declarando inmuebles por un valor de G. 226.000.000. Sin embargo, en el año 2015, al salir del cargo citado, declaró tener bienes inmuebles por G. 2.400.000.000.
Asimismo, el ahora encausado en el periodo abarcado desde el mes de octubre del 2005 hasta el mes de marzo del 2015, tuvo un total de ingresos de G. 1.124.580.247 (Mil ciento veinticuatro millones quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y siete guaraníes, en el ejercicio de la función pública, según el legajo de personal de la Policía Nacional, informados por la división de servicios personales de la dirección administrativa.
Se incluyen, además, los préstamos obtenidos de las cooperativas Coomecipar y 8 de marzo, para determinar el ingreso total del periodo, todo esto deducido del concepto de la jubilación.
No obstante, sus egresos de acuerdo a las pesquisas, totalizan el monto de G. 2.667.176.480 (Dos mil seiscientos sesenta y seis millones ciento setenta y seis mil millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta guaraníes). Resultando dicha ecuación en un déficit de G. 1.542.596.233 (mil quinientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y seis mil doscientos treinta y tres).
Por tanto, las magistradas dieron lugar al pedido del Ministerio Público, de ordenar el comiso especial sustitutivo de varios bienes del ex jefe policial, hasta cumplir con unos G. 1.110.986.525, que es el monto del déficit comprobado en el juicio.
Los bienes que deben ser decomisados una vez que la sentencia quede firme son las fincas ubicadas en el distrito de Mbocayaty, en Cordillera, además de dos departamentos ubicados en el tercer piso de un edificio asentado sobre Benjamín Constant casi Colón, del centro de Asunción.
También se resolvió aplicar al ex comandante la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años, contados desde que haya cumplido su condena.
Actualmente, el excomandante se encuentra cumpliendo una condena de 4 años por desvío de combustible que era asignado a la institución que estaba a su cargo.
El fatal accidente ocurrió, alrededor de las 04:50, de la mañana de este miércoles en las calles Rosario entre Gral. Elizardo Aquino, Rodríguez de Francia y Cerro Corá.
El infortunado motociclista fue identificado como Jorge Luis Arce Pintos, de 35 años, domiciliado en Mora Cué, Luque, cuyo cuerpo fue a parar dentro de una farmacia.
Arce Pintos circulaba a bordo de una motocicleta Kenton, modelo GL 150, color azul, año 2014, con chapa 855 BGV.
El segundo vehículo involucrado es una camioneta cerrada de la marca Autostar, tipo Mini-Truck (T20), color blanco, año 2019, y matrícula HFE 434, al mando de César Daniel Ruiz Díaz Gonzále, de 41 años, quien salió ileso y fue privado de su libertad en sede policial.
El chofer fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando negativo, según informó la Policía Nacional.
BREVE RELATO
Agentes de la Comisaría 3ª de Luque fueron alertados del accidente se constituyeron al lugar. Encontraron el cuerpo del motociclista tendido en el piso dentro de una farmacia.
Ambos rodados involucrados quedaron con daños materiales en la vereda.
Según el circuito cerrado de la zona, el motociclista circulaba por la calle Rosario y al intentar cruzar el semáforo en rojo, fue embestido violentamente por el vehículo que avanzaba por la calle Gral. Aquino.
Se convocó al fiscal Augusto Ledesma, además del médico forense del Ministerio Público y peritos de Criminalística de la Policía Nacional.
El cadáver fue entregado a los familiares. Jorge Arce, padre del fallecido, comentó a los medios de comunicación que su hijo dejó huérfana a su hija que nació hace cuatro días.
Agregó que su hijo iba rumbo a su trabajo cuando sufrió el accidente en donde perdió la vida. Trabajaba en un local de venta de lácteos camino a San Lorenzo, indicó el dolido padre.