El accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 08:00, en la divisoria entre Areguá y Estanzuela (Itauguá), jurisdicción de la Comisaría 18ª Central.

Resultó víctima fatal Dominga Paola Presentado, de 33 años, quien conducía un automóvil Toyota, modelo Funcargo, color blanco, año 2001, matrícula BXV 804.  

El segundo vehículo involucrado es un automóvil Toyota,  color rojo, año 2002, matrícula BVS 065 al mando de María Elizabeth Franco Alderete, de 28 años, domiciliada en el barrio Cerro Köi (Villa Férrea), quien se encontraba en compañía de Jorge Luis Frondel Vega, quienes resultaron heridos y fueron derivados al Hospital de Areguá.

Según manifestación de la conductora, María Franco, la conductora del automóvil Toyota Funcargo, supuestamente realizó un adelantamiento, rozando a su rodado hecho que ocasiono la caída de ambos vehículos al cauce hídrico.

Sin embargo, testigos informaron a la Policía Nacional que ambas conductoras estaban discutiendo mientras circulaban a alta velocidad, y en un momento dado se produjo el roce entre los vehículos, y los vehículos fueron a parar en un arroyo, a los costados de la ruta.

La conductora del Toyota Funcargo, Dominga Presentado, se llevó la peor parte y falleció en el lugar del accidente.

Se dio intervención a los bomberos, Patrulla Caminera, Criminalística, médico forense y Fiscalía. Los intervinientes investigan la causa del accidente fatal.

Para el efecto, verificarán las grabaciones de las cámaras de circuitos cerrados de la zona, según se informó.

La causa había sido abierta tras hallarse indicios de no correspondencia con los ingresos del acusado como funcionario público y sus bienes. El juicio prosigue con las pruebas documentales.

En octubre de 2016, el Ministerio Público presentó la acusación y requirió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Las investigaciones demostraron que, en el marco de los últimos diez años, el acusado registró un aumento desmedido en los bienes, que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, por lo que se concluyó que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública.

El mencionado aumento patrimonial excesivo consistió en la adquisición de múltiples vehículos automotores, la compra de un tractor, un vehículo cero kilómetro, así como el correspondiente pago de un cuantioso seguro para el mismo. Resalta la compra de diversos bienes e inmuebles; departamentos ubicados en diferentes edificios de la ciudad de Asunción, estancias de varias hectáreas, múltiples terrenos, y entre otras circunstancias la participación de uno de los miembros de la pareja como accionista en una empresa de seguridad.

Alvarenga, al ser designado comandante de la Policía Nacional en el año 2013, realizó la correspondiente declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República, declarando inmuebles por un valor de G. 226.000.000. Sin embargo, en el año 2015, al salir del cargo citado, declaró tener bienes inmuebles por G. 2.400.000.000.

Asimismo, el ahora encausado en el periodo abarcado desde el mes de octubre del 2005 hasta el mes de marzo del 2015, tuvo un total de ingresos de G. 1.124.580.247 (Mil ciento veinticuatro millones quinientos ochenta mil doscientos cuarenta y siete guaraníes, en el ejercicio de la función pública, según el legajo de personal de la Policía Nacional, informados por la división de servicios personales de la dirección administrativa.

Se incluyen, además, los préstamos obtenidos de las cooperativas Coomecipar y 8 de Marzo, para determinar el ingreso total del periodo, todo esto deducido del concepto de la jubilación.

No obstante, sus egresos de acuerdo a las pesquisas, totalizan el monto de G. 2.667.176.480 (Dos mil seiscientos sesenta y seis millones ciento setenta y seis mil millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta guaraníes). Resultando dicha ecuación en un déficit de G. 1.542.596.233 (mil quinientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y seis mil doscientos treinta y tres).

Igualmente, en el escrito conclusivo consta que, “Mirta Evelina Rotela, funcionaria nombrada en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con un salario de G. 3.360.000, por lo que de dicha circunstancia se desprende la imposibilidad absoluta de que adquiera bienes costosos y en gran cantidad”.

La mujer, igualmente entre octubre del 2005 y marzo 2015, tuvo ingresos de 755.734.863, entretanto un gasto de 1.261.628.371, representando un déficit injustificado de 505.893.508.

Los fiscales anticorrupción realizaron diversas diligencias investigativas como, allanamientos, pericias, testificales; entre otras, que permitieron formular la acusación contra los imputados y sostener con ellos que los mismos tenían una conducta típica, antijurídica, reprochable y por lo tanto punible.

Actualmente, el excomandante se encuentra cumpliendo una condena de 4 años por desvío de combustible que era asignado a la institución que estaba a su cargo.

El allanamiento ejecutado por los agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, fue encabezado por el fiscal Marcos Amarilla.

De acuerdo a los intervinientes, Wael Almoalen de 36 años, sería proveedor de cocaína a barrabravas, a su vez las pesquisas corroboraron que parte de la droga se intercambiaba por indumentarias deportivas.

En la oportunidad decomisaron 115 gramos de cocaína, equivalentes a más de 200 dosis.

Además, se procedió a incautar un revólver, calibre 38, con una caja de balas del mismo calibre.

De otros materiales colectados en el  local del ciudadano árabe se obtuvieron datos que derivarán en la apertura de nuevos casos para la investigación.

El detenido y las evidencias fueron llevados hasta la base de la Senad, en Asunción.