Finalmente, el Tribunal Especializado, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, concluyó que tanto Ramón González Daher como su hijo Fernando González Karjallo son culpables de los delitos por los que se los acusa, conforme el Código Penal Paraguayo.

Como fundamentos o justificaciones, en el juicio se han valorado contratos celebrados por el acusado Ramón González Daher, además de las evidencias descritas por la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado por la magistrada Claudia Criscioni.

Asimismo, el Tribunal aseguró que tiene la certeza de que unas 156 personas ingresaron cheques en las cuentas de Ramón González Daher, así como también se ha probado la participación como coautor de González Karjallo, quien actuaba como testaferro.

En ese sentido, Criscioni indicó que la causa se corresponde con el hecho punible contra el patrimonio de las 156 personas afectadas, que se encuentran en las carpetas fiscales, por lo que fueron 156 violaciones de la ley.

Con relación a las denuncias y mediante un análisis sobre los cheques depositados en las cuentas y el dinero librado, el monto final que no puede ser justificado por Ramón González es de G. 1.194.134.445.361, de operaciones que se realizaron entre 2014 a 2019.

No obstante, el Tribunal no solo consideró el perjuicio patrimonial de las víctimas, sino también el daño sicológico ocasionado a las mismas, el tiempo que perdieron en el proceso, las calumnias por las cuales atravesaron y todo lo que han padecido a causa del clan González Daher.

Tanto el Ministerio Públco como los abogados querellantes, Patricia Doria y Carlos Arévalos Girett, solicitaron la pena máxima de 15 años de prisión para el ex dirigente deportivo, mientras que para su hijo pidieron la condena de 7 años y 5 meses de cárcel.

La abogada Doria también solicitó la investigación a la esposa del empresario luqueño, Delcia Karjallo de González, siendo ella parte activa de las cuentas bancarias de los acusados y teniendo conocimiento de todos los movimientos bancarios.

Por su parte, la defensa de Ramón González Daher, hermano del ex senador fallecido Óscar González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo, pidió que los mismos sean absueltos en el proceso abierto por usura y lavado de dinero.

Durante el juicio, que concluyó este viernes, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.

El fiscal Omar Legal, quien estuvo a cargo del caso, también sostuvo que González Daher, posterior a obtener garantías de pagos por parte de sus víctimas, años siguientes los agobiaba, los perseguía, los hostigaba y sofocaba, hasta obtener mayores beneficios a los ya obtenidos.

Según la Fiscalía, durante el juicio quedó acreditado que la fortuna amasada por Ramón González Daher y su hijo “provinieron de los préstamos que otorgaron y no de la renta de inmuebles”, tal como lo declaraban ante la Subsecretaría de Estado de Tributación y las entidades bancarias donde contaba con cuentas corrientes. FUENTE: ÚH.

«Manifiestan que forcé la aprobación de la minuta de emergencia vial y eso es mentira», indicó el edil dejando en claro que el proyecto no representa un cheque en blanco ni para el intendente municipal ni para nadie.

Quintana señaló que la minuta aprobada en la Junta Municipal no es de aplicación directa sino que debe pasar igualmente por las comisiones asesoras para realizar las modificaciones correspondientes.

«En las comisiones se establecen los plazos, montos y las direcciones que van a intervenir en las obras», dijo.

«Buscamos beneficiar a la gente porque es un reclamo constante y la ciudadanía luqueña se merece tener sus caminos en condiciones», agregó.

Respecto a la documentación presentada para llevar a cabo las obras de reparación de calles y avenidas, estos son algunos puntos de Luque, de los 29, donde las obras se realizarán:

– Avda. Gral. Aquino e/ Leonismo Luqueño y Humaitá.

– Calle Tte. Rivas e/ Gral. Aquino y Boquerón

– Calle Sauce y su continuación Tte. Echauri e/ Cap. Insfrán y Adrián Jara

– Calle Cnel. Oviedo y su cont. Sportivo Luqueño  e/ San Martín y Humaitá

– Calle Rosario e/ Rojas Silva e Iturbe

– Calle Felipe González e/ Cap. Insfrán y Leonismo Luqueño

– Calle Leonismo Luqueño e/ Tte. Echauri y Gral Caballero

– Calle Rojas Silva e/ Corrales y Rosario

– Ind. Nacional e/ Alberdi y Corrales

– J. C. Ortíz e/ Humaitá y Sgto. Joaquín Espínola

– Gobernador Irala e/ Residentas y J. C. Ortíz

– Campo Vía e/ G. Leoz y Tomás Ozuna

– Tomás Ozuna e/ Augusto Ruíz y Campo Vía

En tanto, para el recapado asfáltico estos son algunos de los puntos que serán tenidos en cuenta:

– Benjamín Aceval e/ Sauce y Boquerón

– Simón Bolivar e/ Sauce y Oviedo

– Roque González e/ Sauce y Boquerón

– Julio Correa e/ M. O. Guerrero y Blas Garay

– Ignacio A. Pane e/ Hernandarias y J. C. Ortíz

– Silvestre Aveiro e/ Cap. Insfrán y Campo Vía

Así también, calles de empedrados serán parte de este objetivo, a modo de que puedan mejorar su situación. Ante ello, unos 9 puntos de la ciudad contarían con dichas intervenciones.

Cabe resaltar que según la documentación municipal, estos son los montos que serán tenidos en cuenta para llevar adelante las obras.

– Insumos para la Planta Asfáltica: G. 5.089.343.940

– Servicios Técnicos Profesionales: G.  1.200.000.000

– Alquileres de maquinarias: G. 295.000.000

– Obras de menor tamaño (adquisición de materiales de construcción): G. 500.000.000

– Obras de uso público (empedrados, reparación de puentes, canalizaciones): G. 7.932.060.000.

Sin embargo, el concejal Quintana especificó que ante los altos costos que conllevarían estas obras viales, propondrá una mesa de diálogo para buscar precios que se adecuen al presupuesto municipal.

«Quiero que pueda trabajar en una mesa conjunta, a modo de que en equipo podamos establecer las avenidas principales y por sobre todo, abaratar los costos», finalizó.

N. de la R.

Luque Noticias recibió de parte del concejal Enrique Quintana el pedido de aclaración de la nota publicada este viernes bajo el título: “Con escueta minuta pretenden declarar emergencia vial, social y ambiental en Luque”.

En ese sentido, cabe señalar que la Nota de Redacción (N. de la R.) de  nuestro medio se basó en la minuta (documento – foto) presentada por el concejal Quintana y que tuvo entrada el martes en sesión ordinaria de la Junta Municipal y estudiada en reunión de comisiones de la corporación legislativa de este jueves.

Cabe aclarar que en el documento (minuta) presentado por el edil oficialista “olímpicamente” se obvió mencionar el monto de la inversión que el Municipio pretende ejecutar. Tampoco mencionaron los trabajos y las calles a ser intervenidas.

Justamente, las falencias fueron cuestionadas por los concejales Iván Velázquez, Juan Ángel Marecos y Eliseo Fernández, quienes dijeron que no están en contra del proyecto, pero exigieron poner a consideración el monto solicitado, los trabajos previstos y las calles que serán intervenidas.

Ante la negativa de sus colegas, Quintana se comprometió, que a través del asesor económico de la Junta Municipal, tendrían en cuenta los reclamos expuestos.

Sin embargo, este viernes en su solicitud de réplica sobre nuestra publicación envió todos los detalles exigidos, que en su momento no tuvo en cuenta y presentó un escueto informe, solicitando la declaración de “emergencia vial, social y ambiental” por 120 días en Luque, principalmente para la reparación de calles céntricas y caminos vecinales de las compañías.

 Se especula que el objetivo era estudiar la minuta y lograr el dictamen favorable de las Comisiones Asesoras de la Junta Municipal, de modo a aprobar a tambor batiente el martes, con la excusa de que el proyecto ya tuvo dictamen favorable en la reunión de comisiones.

Sin embargo, la jugada de “pizarra” no salió como fue planeada y el edil proyectista no tuvo otra opción que adecuarse a las “recomendaciones” sugeridas por sus colegas.

A continuación volvemos a publicar la minuta presentada en principio por el concejal Enrique Quintana para que la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones.

Primeramente, la comitiva allanó el domicilio de la familia, hoy día en conflicto judicial, ya que fuera sustraída por la supuesta nueva propietaria de nombre. Ahí se encontraban guardias privados que fueron demorados, por no colaborar con los intervinientes.

Luego se procedió a intervenir el domicilio de una actuaria judicial identificada como Mouriel Vera. La misma, según los datos, tenía en su poder oficios en blanco firmados por la jueza de Paz María Luis Vera, ya fallecida en el mes mayo. Los documentos cuentan con una similitud a los utilizados para desalojar a la familia Sopeña de su domicilio. La actuaria judicial es familiar de la extinta magistrada.

Igualmente, fueron intervenidos por la comitiva domicilio un domicilio particular y el Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de donde habría salido la orden de mandamiento de desalojo emitido el 23 de abril del 2021. Estarían involucrados funcionarios judiciales en el caso investigado.

EL CASO

Mariano Sopeña, junto con su familia recibió una orden de desalojo del Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de un supuesto juicio entre la supuesta nueva propietaria y Formosa S.A perteneciente a la familia Sopeña. Los supuestos propietarios se apoderaron del inmueble de casi 5 hectáreas en Luque mediante la orden de desalojo y en el lugar ya se ejecutaron obras de demolición de la vivienda y otras actividades.

La Fiscal Sandra Ledesma indicó que: “Venimos a este lugar continuando la investigación que ya habíamos arrancado, el Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo el cual se había mandado supuestamente la orden para desalojar a esta familia a lo mejor no existía. No encontramos vestigio alguno del expediente, hemos revisado el libro  de entrada, hemos revisado biblioratos uno por uno, de AI, dr resoluciones, todo, inclusive hemos revisado el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución que conste o que pueda demostrar la existencia de dichos expedientes. Por eso labramos acta, incáutamos el cuaderno de entrada. Hay que destacar la jueza en este caso nos abrió la puerta del juzgado. Nos dejó revisar absolutamente todo. Los funcionarios nos ayudaron bastante, pero a pesar de la búsqueda intensa no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente de desalojo. Hace más fuerte la hipótesis que fue orquestado lo que tiene el Ministerio Público esperábamos encontrar alguna notificación, algo sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. No existe el expediente del cual supuestamente salido una orden judicial para desalojar una familia no hay un expediente que demuestre que esa orden judicial pueda ser legal o pueda ser auténtica, el ministerio público se encarga de investigar hechos punibles ya la familia es la que se encargará con su abogado representante legal es de ver si toman o no la posesión del inmueble por el momento tenemos 8 detenidos. Tenemos que continuar la investigación y realizar más procedimientos, anoche realizamos procedimiento en el inmueble, le preguntamos a los guardias que estaban en el lugar quiénes eran las personas que habían contratado. Ellos no dieron información al respecto, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que le habían contratado. Bueno, entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria. No podemos dar mucha información al respecto teniendo en cuenta que nosotros mismos podríamos entorpecer el curso de nuestra investigación, de que la supuesta orden salió de este juzgado efectivamente tuvo que saber salido de este juzgado porque tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.. Ahora no tenemos el original de la orden, es una simple copia lo que se había presentado para el desalojo. No tenemos la resolución que acompaña dicho mandamiento. Tampoco tenemos el expediente físico y tampoco consta en estadística”, indicó la agente fiscal.

Borja, de extracción liberal, y perteneciente al equipo político de la concejal Belén Maldonado, ya no se sintió cómodo en su cargo y renunció hace 22 días.

Específicamente, su dimisión al cargo data del 22 de noviembre pasado, según el documento al que tuvo acceso Luque Noticias.

Sin embargo, hasta el momento aguarda la aceptación de su renuncia por parte del intendente Carlos Echeverría para el cese de su comisionamiento y vuelta a la Cámara de Diputados, origen de su actual trabajo.

Según los documentos, Borja además de ocupar el cargo de director de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA), el pasado 15 de noviembre fue nombrado por el intendente Echeverría como responsable del Proyecto ante la Naciones Unidas para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT).

INTACHABLE FOJA DE SERVICIOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

A continuación compartimos el currículum del renunciante director de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de Luque, Héctor Luis Borja Escobar.

Abogado, Escribano Público, Lic. Ciencias Políticas.

Funcionario del Poder Judicial por 15 años.

Funcionario de Poder Legislativo, cargo Director General de la Cámara de Diputados.

Secretario General Ministerio de Obras Públicas.

Director Interino Marina Mercante de la Rca. Del Paraguay.

Director de Gabinete de la Municipalidad de Luque tres años.

Precandidato a Intendente por el PLRA por la Ciudad de Luque 2015.

Director de Transparencia Anticorrupción (renunciante).

El documento presentado ni siquiera consigna detalles de las obras a ser ejecutadas. Tampoco el monto de la inversión que requiere la Comuna para hacer frente a los reclamos de la ciudadanía. Criticaron al proyectista por su llamativo y polémico planteamiento y lo acusaron de querer entregar un cheque en blanco al intendente Echeverría o hacer vito con el dinero de los contribuyentes luqueños.  

Ante el llamativo pedido del concejal oficialista, su colega Iván Velázquez mocionó una serie de planteamientos con las siguientes modificaciones al citado proyecto.

Velázquez  resaltó que es importante establecer el monto que se utilizaría o invertiría durante la emergencia vial, además de detallar  las calles o avenidas que serán reparadas.

También exigió a Quintana especificar los trabajos a realizarse (recapados, bacheos, limpieza de canales, etc), y que al finalizar el periodo de la emergencia vial, el intendente Carlos Echeverría, deberá presentar un informe pormenorizado a la Junta Municipal de las obras realizadas y los gastos efectuados.

El concejal Iván Velázquez resaltó además que «cuando se habla de declaración de emergencia vial», automáticamente genera dudas en la ciudadanía. Primero por el alcance, segundo los gastos dejan muchas suspicacias en torno al objetivo de la inversión real».

El edil aclaró que no está ajeno a apoyar este proyecto porque es consciente  de la situación de las calles en la actualidad, pero que necesitan conocer el alcance real del documento que presentó su colega Enrique Quintana, que carece de importantes detalles para su aprobación.

Con este sistema, Quintana pretende entregar un cheque en blanco al intendente Echeverría, criticaron otros ediles que hicieron saber sus posturas contra el escueto documento presentado para la declaración de “emergencia vial, social y ambiental”.

“Vamos a agregarle montos y avenidas a intervenir, con el asesor económico”, dijo el proyectista tras la polémica generada por su cuestionado planteamiento debido a que no cuenta con mínimo detalle.

Los otros concejales que se adhirieron a lo planteado por Iván Velázquez fueron Juan Ángel Marecos y Eliseo Fernández Oviedo, este último, vicepresidente de la Junta Municipal de Luque.

Según los antecedentes, en febrero pasado la Junta Municipal, en sesión extraordinaria, declaró emergencia vial y sanitaria en Luque, pero nadie supo del resultado de la utilización de millonarios montos.