En la sesión ordinaria de este martes se dio a conocer la resolución por la que el Tribunal Electoral “rechaza in limine litis” por improcedente la acción promovida por los concejales disidentes contra la sesión realizada tras una maniobra entre los ediles daheristas y liberales.

Según el concejal Romero, la disidencia del magistrado electoral Santiago González Bibolini da pie para una apelación de la resolución. Los jueces que rechazaron la acción de nulidad son Hermes Medina (presidente) y

Romero lamentó el rechazo de la acción promovida, alegando que sus colegas violaron normas constitucionales para hacer jurar a un condenado en la Junta Municipal y que seguirá percibiendo un sueldo de los contribuyentes luqueños.

REPARTIJA DE CARGOS

El concejal Romero también denunció que el pacto político o tranza “va teniendo sentido”, teniendo en cuenta la repartija de cargos que el intendente Carlos Echeverría acordó a cambio del juramento de González Cháves.

Citó que recientemente fueron nombrados en el gabinete de Echeverría, producto del pacto o tranza; Luz Borja como secretaria de Turismo, cupo de Francisca Franco, y la directora de Territorio Social, Daisy Rolón (ex candidata a concejal por el PLRA), cupo del presidente de la Junta Rómulo Pérez; director de Transparencia y Anticorrupción, Héctor Borja, y la directora de Cultura, Adriana Cantero, ambos son cupos de Belén Maldonado, según la denuncia.

Por último, Romero adelantó que apelarán la sentencia de primera instancia de la Justicia Electoral sobre la nulidad planteada.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal intentó sin éxito que los concejales disidentes realicen juramentos en la sesión de este martes ante el pleno.

Sin embargo, los tres concejales (Diego Romero, Juan Ángel Marecos e Iván Velázquez), presentaron por mesa de entradas sus respectivos juramentos ante el juez electoral de Central, Modesto Núñez.

Rómulo Pérez exigió el documento al secretario de la Junta Municipal, mostrándose puntilloso con el cumplimiento de las normas, pero hace ocho días fue muy flexible permitiendo el juramento del condenado e impresentable concejal Rubén González Cháves, quien es martes no apareció en la Junta.

La fiscal de turno Gladys Torales de Ovelar, de la Unidad 4 de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, intervino en el caso de un accidente ocurrido en la fecha.

La fiscal imputó a Pedro Adrian Benítez Riveros por los hechos punibles de Homicidio Culposo y Hurto Agravado, con domicilio temporal en el Centro de Rehabilitación «ALFA», Soto en ruta 8 km 147, lugar donde se encontraba internado, y de dónde escapó.

Al salir del sitio hurtó el vehículo Toyota Corona con Chapa ZAC434Py, el cual se encontraba estacionado al costado de la ruta, propiedad de  Zacarías Melgarejo.

En su huida, el supuesto autor arrolló a un mototaxista, identificado como Darío Javier Barrio, de 49 años, domiciliado en vida en la Compañía Zarocaró de Cnel. Oviedo, quien iba acompañado del Sr. Fabián Gamarra (66), quién sufrió lesiones.

A raíz del impacto, Darío Javier Barrios fue lanzado contra una columna de cemento de la ANDE, y luego cayó al pavimento, produciéndose su deceso en forma instantánea.

El Ministerio Público formuló imputación por los hechos punibles de Hurto Agravado y Homicidio Culposo, y como medida cautelar ha solicitado la prisión preventiva contra Pedro Adrián Benítez Riveros, quién se encuentra internado en el hospital Regional de Cnel. Oviedo bajo custodia policial.