Fiscalía pide 10 años de cárcel para OGD y su hijo; prohibición de ejercer cargos públicos y comiso de G. 55 mil millones
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Los
fiscales Liliana Alcaraz y Francisco
Cabrera fueron quienes pidieron la pena para el ex senador colorado.
También solicitaron la inhabilitación de ejercer cargos en la función pública
por el mismo plazo de tiempo.
Los
representantes del Ministerio Público también pidieron un comiso especial para los procesados de más de G. 55.000
millones, bajo el argumento de que el dinero del ex legislador es producto
del enriquecimiento ilícito.
Por
otra parte, el Tribunal de Sentencia decidió conceder al Ministerio Público un
día más de plazo para determinar cuáles son los bienes sobre los cuales se pide
el comiso especial. Sin embargo, la defensa del ex senador planteó un recurso
de reposición.
PROSIGUE
JUICIO
El
juicio oral continuará mañana a partir de las 8.00 para individualizar los
bienes por los que se pide el comiso especial, informó el periodista de Última
Hora, Raúl Ramírez.
Durante
este jueves se llevó a cabo la lectura de los alegatos finales del proceso,
tanto del Ministerio Público como el de los abogados defensores del ex
parlamentario y de su hijo.
Ambos
están procesados por los hechos punibles
de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
El
proceso también cuenta con un importante
control de Estados Unidos, con la presencia del asesor legal residente del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret. Además del
acompañamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
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El juicio
oral ya lleva casi seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas
documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de
índole económico.
Según
la defensa, de todos los testigos que declararon, prácticamente todos lo
hicieron recién en el juicio oral, ya que no fueron citados por los agentes del
Ministerio Público durante la etapa investigativa.
González
Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores, a fines de agosto del 2018,
ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la
inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.
La inmobiliaria salió a la luz en una
investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias
propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el
ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez
Juvencio Torres. Fuente: ÚH.