Luego,
el juez de San Lorenzo Juan Francisco
Recalde, otorgó medidas alternativas a la prisión y ordenó la libertad del
conductor, desatando el repudio de la ciudadanía, y principalmente de los
compañeros de trabajo de la víctima fatal.

Cabe
señalar que la fiscal del caso, Sophia
Galeano, imputó al comerciante luqueño por homicidio culposo y ordenó su
detención preventiva en la Comisaría 3ª de Luque.

Al
día siguiente del trágico accidente, ocurrido en un semáforo céntrico de la
ciudad, el magistrado concedió medidas y la inmediata libertad del procesado.

A
raíz de esta situación, los trabajadores de entregas rápidas decidieron
escrachar al imputado, manifestándose por primera vez frente a su domicilio,
ubicado en las calles Fernando de la Mora casi Luis Alberto de Herrera, del
Cuarto Barrio, Luque.

Este
sábado realizaron la segunda manifestación pacífica. El grupo estuvo encabezado
por José Magno Acuña Candia, según informó
el comisario Feliciano Ferreira,
subjefe de la comisaría local.

Según
el jefe policial, el escrache terminó sin incidentes. La Policía resguardó el
lugar para evitar cualquier situación desagradable.

Por
su parte, el imputado tiene reglas de conducta que debe cumplir para evitar que
se revoquen las medidas aplicadas por el juez Penal de Garantías, Juan
Francisco Recalde.

Los manifestantes exigieron el cambio de carátula de la imputación fiscal de homicidio culposo a homicidio doloso, debido a los agravantes cometidos por el comerciante al conducir alcoholizado, cruzar el semáforo en rojo y violar la restricción horaria por la cuarentena social.

El sindicalista Jorge Alvarenga, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó a Luque Noticias que el objetivo primario fue organizar a los trabajadores, pero luego surgió el trágico acciente en Luque, lo que obligó a acelerar el proceso de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores.

El gremialista agregó que a partir de ahora van a empezar a trabajar con el Ministerio de Empleos y Seguridad Social para exigir el seguro de vida, además de reglamentar el cobro que deben hacer los trabajadores por las entregas de pedidos.

También pretenden trabajar para buscar la solución en la competencia desleal que existe entre los trabajadores.

Explicó que el seguro social que van a exigir es para precautelar en caso de accidentes para que no sean una carga al estado.

Los más de 50 trabajadores que participaron de la reunión en la mañana de este sábado acordaron aportar G. 15.000.

Bomberos
voluntarios auxiliaron a los motociclistas heridos hasta el Hospital Regional
caazapeño, donde cerca de las 20.50 horas se constató el deceso de uno de los
jóvenes.

Agentes de la Comisaría 1ª de Caazapá identificaron al fallecido como Rodrigo Miguel Fretes Espínola, de 23 años, oriundo de Buena Vista, pero afincado en el barrio Ciudad Nueva, de Caazapá.

En
tanto el otro accidentado fue identificado como Alvín Salvador Noguera Vázquez,
de 21 años, vecino de Buena Vista. La Policía investiga la causa del fatal
accidente.

Los
paraguayos que volvieron al país son oriundos de las localidades del
departamento Central, Ñeembucú, San Pedro, Caazapá y Canindeyú sumando la
cantidad de 517 personas a través de buses humanitarios.

Dichos
operativos fueron organizados en el marco de la estrategia de regreso seguro,
planificado y ordenado implementado por el Gobierno Nacional, a través del
Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI) de apoyo al Ministerio de
Salud, creado dentro del Consejo Nacional de la Defensa (Codena) y con la
colaboración de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados
Connacionales.

En
ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta la fecha,
se llevaron a cabo 6055 retornos de personas desde diferentes puntos de la
República Argentina.

De
dicha cifra general, 3990 corresponden a traslados humanitarios (en buses,
minibuses y avión), 238 a vuelos comerciales, 20 traslados en ambulancia, 1781
compatriotas que se han movilizado en vehículos particulares y 26 féretros.

Los
operativos se llevaron adelante mediante un trabajo conjunto de los 13 consulados
paraguayos en territorio argentino y bajo la coordinación de la Embajada del
Paraguay en Buenos Aires. Así también, esta representación diplomática ha
realizado gestiones ante la Cancillería de este país para el ingreso desde
Paraguay de 17 personas a la Argentina por cuestiones humanitarias,
principalmente enfermos de gravedad.

Por
otra parte, se efectuaron los trámites pertinentes ante las autoridades locales
para lograr el retorno de 376 connacionales procedentes de España, Uruguay y
Chile, con tránsito por ciudades de este país, al igual que otros que han
ingresado desde el Uruguay con vehículos particulares.

El
comerciante Faustino Daniel Samaniego compró el automóvil Toyota, modelo
Premio, mediante un contrato privado, y volvió a vender el auto a Justo César
Zelaya.

En
la tarde de este jueves, el oficial de Justicia Omar Ortiz, llegó hasta la
ciudad de Luque, y con apoyo de los agentes de la Comisaría 3ª de Luque, interceptaron
el vehículo frente a la Municipalidad de Luque.

Al
principio los propietarios se negaron a entregar el vehículo, alegando que
compraron de buena fe y con todos los documentos (título, cédula verde y
contrato privado).

Los
intervinientes y los afectados amanecieron en el lugar y en la mañana de este
viernes, el comisario Osvaldo López, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, acudió
al lugar y en medio de un cuestionado procedimiento, procedió a entregar el
vehículo en disputa.

OTRO CASO SIMILAR

En
el lugar también acudió el playero Ramón Talavera, quien también fue víctima
del mismo modus operandi del oficial de Justicia Omar Ortiz.

El
afectado explicó que compró un automóvil Toyota, modelo Premio, color blanco,
de Faustino Daniel Samaniego, y la semana pasada le secuestraron el vehículo
con una orden firmada por la misma jueza Sandra Frantz Rosín.

Lo
más llamativo fue que el mismo vehículo fue utilizado por el oficial de
Justicia para el procedimiento de este viernes en Luque, según se pudo
constatar.

El
automóvil debería estar en resguardo pero el oficial de Justicia utiliza para
otro sospechoso procedimiento.

Según
el vendedor de autos, Faustino Samaniego, señaló que la persona que aparece
como dueño y reclama una supuesta deudas por los vehículos, no figura en las
compraventas, por lo que sospecha que se trata de una rosca de estafadores que
operan con complicidad judicial y policial.

Por
su parte, el comisario Osvaldo López, explicó que la Policía solo cumplió con
el oficio judicial de entregar el vehículo solicitado por la jueza.

Dijo
que ante la denuncia de los afectados, se comunicó con el fiscal de turno de
Luque, Francisco Torres, quien supuestamente le explicó que se trata de un caso
civil, y los afectados deben recurrir ante el Juzgado que otorgó los secuestros
de vehículos.

Según
averiguaciones, la jueza Sandra Frantz Rosín, ya fue denunciada en la Fiscalía
y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por un caso de supuesta extorsión
a un productor en febrero pasado.

En el año 2015 la misma magistrada fue enjuiciada por dictar orden de secuestro de vehículos, según los antecedentes.