Imputaron al abogado Pablo Sanabria por atropello contra la abuelita Irma Rojas
Según los antecedentes, en la mañana
del 28 de noviembre del año 2018, el abogado Pablo Sanabria encabezó un
violento desalojo, atropellando la vivienda de la anciana con unas 40 personas
con maquinarias y policías resguardando el procedimiento ilegal.
Arrasaron todo a su paso, incluso
derrumbaron una vivienda antigua donde residía la indefensa mujer. Las imágenes
de video y fotografías muestran el difícil momento que sufrió la víctima, quien
se descompensó al no poder resistir el maltrato y la humillación a la que fue
sometida por el abogado que actuó con mucha prepotencia, ordenando al oficial
de Justicia José Núñez y a los propios policías de la Comisaría 3ª de Luque, en
ese entonces a cargo del comisario principal Víctor Vera.
Sanabria ordenó echar el alambrado y
tirar los enseres domésticos de la abuelita a la calle, pese a que la orden de
desahucio era contra Félix de Valois Franco, esposo de la anciana e indefensa
mujer. Es decir, la orden era contra otra persona y sacaron a la fuerza a la
mujer, pese a una medida cautelar que le permitía a Irma Rojas a ocupar el
terreno.
Tras hacerse pública la aparatosa intervención
contra la abuelita Irma Rojas, la ciudadanía luqueña se levantó contra injusticia
y se organizó un multitudinario escrache frente a la casa del abogado Sanabria (sobrino
del juez Enrique Sanabria y representante legal de la Inmobiliaria EG del Sol),
que buscaba quedarse con la propiedad.
Los manifestantes repudiaron
enérgicamente la cobarde actuación contra la humilde abuelita de Zarate Isla.
Luego, el 18 de diciembre del mismo año se presentó la denuncia formal en la Fiscalía
de Luque. La causa recayó en la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía de Luque, a
cargo del fiscal Francisco Torres, quien finalmente imputó por los hechos
punibles de coacción y producción inmediata de documentos públicos de contenido
falso al abogado Pablo Sanabria Roa y al oficial de Justicia José Oscar Núñez
Morínigo.
Según argumentó el fiscal Torres en su
imputación contra los procesados, “ambos tenían conocimiento del juicio
existente y de la medida cautelar emanada por el juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial del 4° Turno de Luque, Daniel Ocampos, por A.I. N° 187, de
fecha 24 de noviembre del año 2016, la cual incluso se halla inscripta en la
Dirección General de los Registros Públicos, de fecha 25 de noviembre del mismo
año; en donde a más de no ser la persona contra la que iba el desahucio
judicial, y pesar de en contra las medidas cautelares ya citadas, los mismos
violentaron todos los derechos constitucionales de la víctima (Irma Rojas)”,
denunciante del grave hecho.
El escrito agrega y sindica a los dos
procesados como “autores del hecho, procedieron entre otras cosas a ordenar a
los obreros a que quiten el alambrado, cambien el cerco perimetral y tiren al
suelo la construcción asentada en dicho lugar; quienes al ritmo de aplausos y
gritos del abogado Pablo Sanabria y el Oficial de Justicia José Núñez, tiraban
todos los que encontraban a su paso, incluso un gallinero, sin que la orden
judicial existente sirva de resguardo.
Por último, señala que “la intervención se realizó con presencia policial, sin orden o autorización judicial suficiente, mediante el uso de la fuerza pública, en un claro ejercicio abusivo de funciones constriñeron gravemente, compeliendo a salir de la vivienda contra su voluntad a la víctima y en contra a lo establecido en la orden de no innovar dictada por un juez compatente en relación a la finca N° 7564, que a pesar de ser exhibido por el señor Germán Espínola y el abogado Rodolfo Berensen a los policías intervinientes y al oficial de Justicia, éstos optaron por desconocer la misma e invadir el inmueble”.
