Un fuerte contingente policial encabezado por el
director de la Policía de Central, Crio. Gral. Carlos Aguilera, inició el
desalojo de los ocupantes ilegales para dar cumplimiento a la orden de desalojo
por invasión de propiedad privada.

Los ocupantes pertenecían al asentamiento “Flor de
Itapuamí”, creado hace dos años, y en el sitio ya levantaron precarias
viviendas para tratar de quedarse con un pedazo de tierra.

Luego de dialogar entre la Fiscalía, la Policía y el
abogado de los invasores, se llegó a un acuerdo para una pacífica salida de los
ocupantes.

El representante legal de los sitechos, Raúl Marín,
cuestionó el procedimiento fiscal y policial, alegando que el título del
terreno lo tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(Indert).

Según el letrado, el ente estatal debe iniciar los
trámites de mensura judicial para determinar cuál es el inmueble que le
corresponde a los ocupantes.

La celebración religiosa se realizó en el Santuario
Virgen del Rosario de Luque, con la presencia de los familiares y amigos de la
familia de la joven asesinada.

Según los antecedentes, el cuerpo de la funcionaria
judicial fue encontrado en la mañana del aquel fatídico 11 de octubre del 2014 el
interior de un vehículo en las inmediaciones de la cancha de Rubio Ñu, de
Luque.

 Según testigos,
el coche quedó estacionado en el lugar con el motor en marcha desde la noche
anterior. Ante sospechosa presencia del coche, los vecinos alertaron a la
Policía.

Al verificar el rodado, se confirmó lo peor. Fue
hallado el cuerpo de una mujer, que luego se confirmó que se trataba de una
funcionaria del Poder Judicial de Luque, y secretaria del abogado Rodrigo
Blanco, hijo del entonces ministro de la Corte Sindulfo Blanco.

Verónica trabajaba por la mañana en el Poder Judicial y
por la tarde se desempeñaba como secretaria privada del abogado Blanco en su
Estudio Jurídico “Advocatus”, del microcentro de Luque.

Posteriormente, el hijo del ex ministro de la Corte fue
elegido como concejal Municipal de Luque, y más adelante como diputado nacional
por el PLRA.

Condena

La Fiscalía pidió la pena máxima para la principal
sospechosa, la abogada Ninfa Morales, quien fue condenada a 22 años de encierro.

Por su parte, el guardia Juan Carlos Vergara, fue
condenado a 2 años y 11 meses, pues se comprobó que el arma utilizado para
asesinar a la funcionaria, fue vendido por el centinela a la abogada.

El Tribunal concluyó que existió una relación más que
amistosa entre víctima y victimaria, y que realmente Ninfa pretendía una relación
sentimental con su amiga, pero esta se habría negado. Los jueces coincidieron
en señalar que Verónica obtenía ventajas de la relación, ya que Ninfa la
consentía en todo momento.

La Municipalidad de Luque cuenta con el Consejo del
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), donde los miembros
se reúnen periódicamente para analizar el reglamento interno del Consejo
Distrital y realizar la verificación del estado y avances de obras edilicias
que se encuentran en proceso de ejecución en distintas escuelas.

En una reciente reunión se destacó que el 70% de obras
consistentes en la construcción de aulas y comedores escolares ya han sido
ejecutadas en este periodo del 2019.

Además, la Municipalidad realiza entrega de mobiliarios
a las instituciones más carenciadas de la comunidad luqueña.

Cabe señalar que más del 97% de las comunas del país no
presentaron sus respectivas rendiciones de cuentas a la Contraloría acerca del
uso de recursos de Fonacide.

El informe oficial de la Contraloría señala que las municipalidades
de los departamentos como Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá e Itapúa
tienen el 100% de gestión del gasto deficiente (reprobada).

La valoración de calidad del gasto deficiente indica
que la institución analizada está por debajo de los niveles esperados de
ejecución de los proyectos, por lo que el control interno y el sistema de uso
de los fondos no están definidos en estos casos, según la CGR.

La Municipalidad de Luque, administrada por el
intendente Carlos Echeverría (ANR), es uno de los pocos que presentó su
rendición de cuentas correspondientes al segundo cuatrimestre del año 2019.

La feria está prevista para el sábado y domingo,
respectivamente. El objetivo es reactivar el comercio en el principal comercio público
de Luque.

Habrá una gran variedad de productos alimenticios,
además de mercería y ropería en general, según anunciaron los organizadores.

Los clientes podrán comprar verduras, frutas, pescados,
carnes, ropas y hasta zapatos, informó a la radio Azul y Oro, Daniel Moreno,
responsable del lugar.

El suceso ocurrió en la noche de este miércoles y datos
preliminares apuntan a que colillas de cigarrillo habrían provocado el
siniestro. El percance inició en el subsuelo – Sector  Dos, donde están los conductos de agua y las
bandejas de cableados eléctricos.

Pedro Ferreira, jefe del Departamento de Prevención
contra incendios del IPS, dijo a los medios que dicha zona es un pasillo
técnico y solo circula personal de mantenimiento. «No es una zona para el
acceso de pacientes».

Las conversaciones fueron grabadas con autorización del
Juzgado. A cambio del dinero la víctima cambiaría de versión ante la Fiscalía,
según habría prometido el presunto extorsionador.

El fiscal interviniente relató que en principio la
denuncia se realizó en la Fiscalía de Delitos Económicos, en Asunción, de donde
el fiscal adjunto Ricardo Merlo derivó la investigación a cargo de la Unidad 5
de la Fiscalía de Luque, en ese momento a cargo del fiscal Francisco Cabrera.

Luego, el fiscal Cabrera fue trasladado, y quedó a
cargo de la investigación el nuevo fiscal de la Unidad, Igor Cáceres, quien
finalmente encabezó el operativo que concluyó con la detención de Zárate
Leguizamón.

Según el fiscal, el ex funcionario del Municipio
luqueño habría solicitado en principio 10 mil dólares y luego subió sus
pretensiones a 50 mil dólares, supuestamente para que su hija cambie de versión
ante la Fiscalía, y de ese modo para que los imputados puedan acceder a tipificación
menos gravosas de modo a lograr medidas cautelares para evitar la prisión
preventiva.

Sin embargo, finalmente ambas partes acordaron en G.
200 millones, que debía entregarse en dos pagos, pero una de las víctimas
decidió radicar la denuncia contra el presunto extorsionador.

Tras un proceso investigativo, el sospechoso fue detenido
en el momento que recibió 5 millones de guaraníes como parte del “trato” con
los familiares de los jóvenes imputados en la causa por coacción sexual, abuso
sexual en personas indefensas y omisión de auxilio.

ANTECEDENTES

Según los antecedentes, el presunto hecho de abuso y
violación ocurrió en febrero del año pasado en una quinta en Maramburé,
perteneciente a los padres de uno de los procesados.

Según la denuncia, la menor de 14 años y una amiga fueron llevadas por los tres jóvenes hasta la quinta, en donde supuestamente fueron obligadas a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias, y una de ellas estando inconsciente habría sido abusada fuera de su consentimiento.

La menor habría perdido el conocimiento y los jóvenes
se asustaron y fueron a llevarla hasta su domicilio, en donde la dejaron
abandonada a su suerte.

Allí el padre la derivó hasta el Hospital General de
Luque, en donde se constató que la menor estaba en coma alcohólico, según el
informe médico elevado al Ministerio Público.

Luego el padre radicó la denuncia en la Fiscalía de Luque. En ese sentido, la fiscal Sonia Pereira imputó a los tres jóvenes sindicados por la víctima como responsables del hecho.

Los
imputados son:

1). Cristian Bernardo Haedo Sosa (20).

2). Santiago Andrés Paiva Ramírez (18).

3). Milcíades Alberto Sosa Lugo “Milcli” (19).

Los jóvenes fueron imputados por tres hechos punibles: Coacción sexual, abuso sexual en personas
indefensas, y omisión de auxilio, según documentos a los que accedió Luque
Noticias.

En ese sentido, el fiscal Igor Cáceres, explicó que dos
de los tres jóvenes están con medidas alternativas, mientras el tercero cuenta
con orden de captura por rebeldía y hasta ahora continúa prófugo.

Cáceres aclaró que el proceso abierto contra los
jóvenes es totalmente independiente a la causa que lleva él contra el padre de
la víctima por presunta extorsión.

El representante del Ministerio Público imputó este
miércoles y pidió prisión preventiva para el procesado Charles Zárate
Leguizamón, quien se encuentra detenido en la Comisaría 3ra de Luque.

La jueza de la causa es Jennifer Insfrán, quien deberá
ordenar o rechazar la prisión preventiva contra el imputado ex funcionario de
la Municipalidad de Luque, en la época del Dr. César Meza Bría.