Hijo de González Daher percibe G. 20 millones por 8 días de “trabajo” en la Junta Municipal de Luque

El cuestionado concejal luqueño, Rubén González Cháves, abandonó la sesión del martes para evitar escuchar el dictamen en su contra.

González Cháves obtuvo un permiso de dos días semanales
del juez Humberto Otazú para volver a “trabajar” en la Junta Municipal de la
Municipalidad de Luque.

PROCESADOS

El ex legislador y el edil fueron imputados por
enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de
dinero. El primer hecho punible es considerado crimen con una expectativa de pena
hasta 10 años de cárcel, por lo que no se prevé medidas alternativas a la
prisión, mientras que los últimos dos delitos tienen una expectativa de hasta 5
años de cárcel.

Según los antecedentes, ambos son propietarios de la
empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia que habría movilizado 8 billones de
guaraníes, monto que no pudo pudieron justificar con los ingresos de los
investigados y que está lejos de una posible inconsistencia.

Sin embargo, diez meses después de estar presos en la
Agrupación Especializada, padre e hijo salieron con arresto domiciliario, y un
par de semanas después obtuvieron permisos para “trabajar”.

En ese sentido, el edil con permiso Rubén González
Chávez logró recuperar su banca en la corporación legislativa de Luque, con “ayuda”
de las concejalas Francisca Franco y Belén Maldonado, ambas del PLRA.

Al principio, la bancada liberal le hizo el “vacío” al
concejal González Cháves, dejando sin quórum la sesión ordinaria de la Junta la
semana pasada.

Sin embargo, el jueves pasado Franco y Maldonado
acudieron a la sesión extraordinaria, aceptando tácitamente al cuestionado
concejal, quien pudo recuperar su banca.

Los demás concejales opositores Cristhian Bernal,
Silverio Mosqueira, Jorge Acosta y Manuel Achucarro Gill, presentaron un
dictamen jurídico  para sentar postura
contra y cuestionar la vuelta de González Cháves.

Los citados ediles coincidieron en señalar que no están
de acuerdo con la reincorporación a la Junta del procesado, pese a que cuenta
con permiso del juez Humerto Otazú.

Achucarro Gill solicitó que la nota se lea a través de
secretaría ante el pleno de la Junta, que fue llevado al sexto punto en la
orden del día.

ABANDONÓ
LA SESIÓN

Esta situación fue aprovechada por el cuestionado
concejal para abandonar la sesión y evitar escuchar el dictamen de los cuatro
concejales del PLRA.

El edil Jorge Acosta (PLRA), tildó a González Cháves de preso sambukú.

Mientras Silverio Mosqueira, también del PLRA,
cuestionó a su colega procesado por “trabajar” solo dos días semanalmente y
percibir G. 20 millones. Le dijo a González Cháves que por lo menos por ética no
puede continuar como concejal. Luego le hizo recordar que fue elegido por el
pueblo luqueño para trabajar siete días semanales por el sueldo que percibe.

El principal cuestionamiento es que el concejal cumple arresto domiciliario fuera del Municipio de Luque. Es de decir, en Asunción, mientras los martes y jueves, González Cháves viene a cumplir funciones laborales en Luque.