El miércoles
se procedió al desalojo y demolición de la vivienda ocupada por Ángel Gamarra,
quien fue detenido durante el procedimiento fiscal y policial por resistencia,
pero no fue imputado y quedó libre.

Sin embargo,
la fiscal interviniente comunicó al representante legal de la empresa Negocios
Inmobiliarios, Abog. Robert Giménez, que el desalojo de varias familias “queda
en suspenso” por falta de “disponibilidad de tiempo”.   

“Lastimosamente
la fiscal pone obstáculos y debemos ver cuando continuar los desalojos. Dijo
que va a pedir más informes antes de continuar”, comenzó diciendo el abogado
litigante.

Giménez cuestionó
la labor de la fiscal Mirta Ortiz, señalando que “la fiscal funge más de
defensora de los invasores que velar por los derechos de la víctima, que en
este caso la propietaria Rosana Palacios”.

Analizan recusar a la fiscal

El abogado
Robert Giménez adelantó que con su cliente analizan presentar una recusación
contra la fiscal Ortiz. “No se puede tolerar tanto manoseo”, agregó.

“No sé qué
informes va a pedir si está más que confirmada la ocupación ilegal de la
propiedad de mi cliente. Además existe flagrancia con la presencia de los
presuntos invasores en la finca de 3 hectáreas y a pesar de la notificación no
salen del inmueble”, cuestionó el profesional.

Giménez se
quejó por qué “al final los invasores son presentados por las propias
autoridades como víctimas y los dueños como malvados e insensibles”.

Explicó que los
ocupantes hace tres años permanecen en el lugar, pese a que presentaron todos
los documentos del inmueble en disputa al Ministerio Público.

Precisamente
la Fiscalía ejecuta tres años después un desalojo a medias.

Instigador en la mira

En la zona
de Costa Sosa se instalaron más de cien familias en las fincas pertenecientes a
al menos tres inmobiliarias y a propietarios particulares.

Los
presuntos invasores señalaron que fueron estafados por un tal Román López, quien
supuestamente les instigó para ocupar las propiedades a cambios de pagos a menor
costo.

Los
afectados al percatarse del desalojo se acercaron junto a los intervinientes
policiales y de la Fiscalía para informar que ellos compraron los terrenos de
Román López, quien vive en la zona.

Precisamente,
cuando comenzó la ocupación de los terrenos hace tres años, López fue detenido,
imputado y remitido a la cárcel por unos días, pero luego recuperó su libertad
y siguió estafando a las familias, ofreciendo los terrenos a bajo precio y con
la promesa de que una vez finalizado el pago se procedería a la transferencia
del terreno a nombre de cada comprador.

Un oficial de
la Policía Nacional al mando de una camioneta perdió la dirección, subió al
paseo central de la Avenida Aviadores y del Chaco, y volcó aparatosamente. El
policía que se encontraba fuera de servicio dio positivo a la prueba de
alcotest, y terminó preso.

Se trata del agente oficial 1° Víctor Cabral, quien presta servicios en la Comisaría 23 Metropolitana. El accidente ocurrió este miércoles, en Asunción, informó la Policía.

Según el reporte de la Comisaría 10 Metropolitana, el agente que se encontraba de franco, a bordo de su vehículo intentó girar frente al shopping del Sol, y perdió la dirección.

El vehículo
subió sobre el paseo central de la avenida y el vehículo volcó, quedando con
las ruedas al aire.

Según
testigos, el policía se descontroló y empezó a acelerar a fondo su vehículo.

El oficial
se encontraba en compañía de una mujer, quien sufrió algunos golpes leves.

Los accidentados
fueron sacados del habitáculo por transeúntes y automovilistas que pasaban por
el lugar.

Más tarde
llegaron los bomberos y lograron dar la vuelta al vehículo y llevarlo hasta la
base de la comisaría jurisdiccional.

El agente quedó detenido y el caso fue comunicado a la Fiscalía jurisdiccional.

El jefe del departamento de Alcantarillados Sanitarios de la Essap, Ing. Ulises Mena, explicó que extrajeron una gran cantidad de materias grasas solidificadas provenientes de los negocios de la zona del Mercado local.

Para
realizar el trabajo, los agentes de Tránsito de la Municipalidad de Luque,
tuvieron que bloquear la zona del Mercado.

Los obreros
trabajaron desde tempranas horas este jueves sobre las calles Capitán Bado
entre Moisés Bertoni y 14 de Mayo, pleno centro de Luque.

El ingeniero
Ulises Mena calificó de punto crítico el sector del mercado, teniendo en cuenta
los continuos taponamientos del alcantarillado ubicado en lugar a raíz de la
acumulación de grasas provenientes de las pollerías aledañas y del propio
mercado, además de todos tipos de residuos que los comerciantes lanzan al canal
de desagüe de la Essap, preferentemente en cada lluvia.

Según el profesional, los componentes extraños son los que taponan las tuberías y hacen que el agua cloacal aflore sobre el pavimento, a través de los registros, generando un olor nauseabundo en la zona del Mercado.

El funcionario señaló que está vigente una sanción económica que se puede aoplicar a los comerciantes responsables.

El trabajo fue realizado con un camión equipado especialmente para succionar los residuos y limpiar el alcantarillado de modo a que el desecho cloacal pueda circular sin inconvenientes.

El
alcantarillado de la zona del Mercado Nro 1 de Luque data de hace 35 años,
aproximadamente, comentó el ingeniero.

A raíz del
violento ataque, los afectados tuvieron que refugiarse en la Comisaría 3ra de
Luque.

Lucía Ríos,
quien se encontraba en el grupo, dijo que el bus de la Línea 17, empresa Miguel
Antón de Luque, fue seguido por una camioneta desde la zona de Maramburé.

Los escrachadores
se trasladaban con destino a la casa del edil luqueño Teoval Valdez, domiciliado
en el Cuarto Barrio de Luque.

Cabe señalar
que la semana pasada este grupo de personas escrachó a los concejales Teoval
Valdez y Cristian Valdez.

Los
afectados son vecinos de los asentamientos Ko’e Pyahu y Virgen de Caacupé, de
la compañía Maramburé, Luque.

Violenta puja por itinerario

Desde hace
tres meses, las empresas de transportes Miguel Antón de Luque SA (Línea 17), y
7 de Octubre SRL (Línea 59), mantienen una disputa por el itinerario en la
compañía Maramburé., que incluso ya derivó en tragedia con la muerte del
dirigente Osvaldo Espínola Samaniego.

En ese
sentido, vecinos de Maramburé y de los asentamientos de Virgen de Caacupé y Ko’e
Pyahu , vienen apoyando el trabajo de la Línea 17 que a criterio de los
usuarios, presta un buen servicio.

A raíz de
los violentos ataques a las unidades de la Línea 17,  los vecinos reaccionaron y reclamaron una
pronta solución a los concejales de Luque.

Sin embargo,
los ediles se desentienden de los reclamos ciudadanos, por lo que decidieron
escrachar a dos de los concejales.

En la noche
de este miércoles se dirigían nuevamente al domicilio de Teoval Valdez, pero
luego de ser emboscados, desistieron de la movilización.

Los vándalos
destrozaron los vidrios del colectivo de la Línea 17 que transportaba a los
escrachadores.   

Se reportó
un nuevo caso de intento de rapto en el microcento de Luque. Esta vez, una
estudiante de 13 años, denunció a través de audios que fue perseguida por
extraños, mientras esperaba colectivo para volver a su casa luego de salir del
colegio.

El intento del hecho punible habría ocurrido este martes, según cuenta en los audios que compartió con sus contactos, a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.

La víctima
relató que los desconocidos estaban a bordo de un automóvil de color oscuro.

Los audios

Supuestamente
eran dos personas adultas. El conductor detuvo la marcha en la esquina, y el
acompañante se dirigió a la chica con sospechosas intenciones.

Allí, la
estudiante empezó a correr para alejarse del lugar, y evitar ser raptada o
secuestrada por los extraños.

El nuevo
caso se suma a los otros dos reportados entre el domingo y lunes en zonas de
Maramburé.

Dos casos en Maramburé

Según los antecedentes, en Maramburé también intentaron secuestrar a dos hermanitos de 6 y 8 años, además de un menor de 17 años.

Los
referidos hechos fueron denunciados en la tarde de este martes en la oficina de
guardia de la Comisaría 3ra de Luque. Los sucesos fueron comunicados a la
Fiscalía para iniciar la investigación.

Este último
hecho aún no se denunció ante la Policía, según se supo. Esta situación causó
sicosis en los padres, alumnos y docentes de diferentes instituciones
educativas de Luque.

Recomiendan cuidarse

En las redes
sociales y en los grupos de WhatsApp recomiendan a los alumnos a tener cuidados
y a no aceptar la invitación de extraños a subir en los vehículos.

Por su parte,
la Policía reforzó la seguridad en las inmediaciones de las instituciones
educativas para brindar seguridad a los estudiantes, explicó el Crio. Princ.
Víctor Vera, jefe de la Comisaría 3ra de Luque.

Una comitiva fiscal y policial procedió a desalojar a una familia que se instaló hace tres años en una propiedad privada. El ocupante fue detenido por orden de la fiscal Mirta Ortiz, por resistencia. El procedimiento fue ejecutado en la mañana de este miércoles en la compañía Costa Sosa, Luque.

En la
oportunidad se procedió a la detención del ciudadano Ángel Gamarra, quien ocupó
5 terrenos de una finca de 3 hectáreas, explicó el abogado Robert Giménez,
representante legal de la empresa Negocios Inmobiliarios, perteneciente a la
señora Rosana Palacios.

Según el abogado, luego de tres años se pudo lograr el desalojo de una  familia que ocupó parte de la finca. En los próximos días irán desalojando a los demás ocupantes y demoliendo las viviendas construidas en el inmueble.

Agregó que
en varias oportunidades se le notificó pero se negaron a salir, por lo que se
pidió la orden de desalojo.

Los demás
terrenos también están ocupados y los presuntos dueños ya fueron notificados.

Durante el procedimiento se produjeron algunos incidentes menores, pero  fueron controlados por los uniformados, a cargo del Crio. Princ. Víctor Vera, jefe de la Comisaría 3ra de Luque.

Con
tractores demolieron la casa con techo de losa que fue construida por el
ocupante Ángel Gamarra, quien también montó en el lugar la elaboración de
postes y vigas de hormigones.

Las familias
que se encuentran en los demás terrenos de la empresa Negocios Inmobiliarios
están temerosas por perder sus construcciones.

Los
afectados dijeron que compraron los terrenos de Román López, quien se presentó
como dueño de los terrenos en la zona de Costa Sosa, y empezó a vender a
precios irrisorios.

Ahora
anunciaron una denuncia formal contra López por presunta estafa.