El denominado mega escraches comenzó en la sede del Poder Judicial, en Maramburé. Luego de se trasladó frente a la Fiscalía, en el microcentro, y finalmente en la zona del Mercado N° 1.

Cabe destacar que tras el primer escrache a su
domicilio, el pasado domingo, el abogado Pablo Sanabria, representante legal de
la Inmobiliaria “EG del Sol”, renunció al mandato de la empresa que tiene un
litigio judicial contra el marido de la anciana, de nombre Félix Valios Franco.

Sin embargo, el abogado Pablo Sanabria encabezó un
cuestionado procedimiento para desalojar a la abuelita Irma Rojas, a quien la
dejó en la calle.

Sanabria contó con la complicidad del juez de San
Lorenzo, Gustavo Chilavert, el oficial de Justicia Óscar Núñez, y el comisario
de Luque, Víctor Vera.

El abogado fue repudiado públicamente luego de ir a “patotear”,
durante el procedimiento, sobrepasando incluso la autoridad policial y del oficial
de Justicia.

Exigen justicia

El nieto de la abuelita Irma Rojas, Germán Espínola, explicó
que la movilización tiene como objetivo exigir justicia para su abuela y urgir
celeridad a las denuncias hechas contra el abogado Pablo Sanabria, a quien le
denunciaron en la Fiscalía por varios hechos penales.

Entretanto, en la oportunidad también pidieron al
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrir una investigación contra el juez
en el Civil y Comercial de Luque, Enrique Sanabria, a quien acusan de orquestar
el violento desalojo de doña Irma Rojas.

Según Espínola, los intervinientes ejecutaron un procedimiento
ilegal para sacar a su abuela de la propiedad situada en Zárate Isla, teniendo
en cuenta que el abogado Pablo Sanabria tenía pleno conocimiento de un juicio
de usucapión tramitada en el Juzgado de Luque por parte de la abuelita.

Agregó que el letrado aun sabiendo de la medida
cautelar que favoreció a su abuela, igual procedió al desahucio, violando el
fallo y cometiendo todos tipos de atropellos contra su anciana abuela.

El joven advirtió que seguirán con las movilizaciones para exigir justicia para su abuela y castigo para el abogado y cómplices.

El pedido específico fue presentando al ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, quien a su vez es el
presidente de la Comisión Calificadora de la Patrulla Caminera.

El vocero de los afectados, el inspector Ricardo
Bordón, explicó que el anterior director de la Patrulla Caminera, Derlis Núñez,
en noviembre del 2017, ordenó la apertura del Tribunal de Calificaciones, donde
decidieron sacarlos prematuramente de la institución a los 24 uniformados para
acogerse a la jubilación.

Sin embargo, en ese entonces Hacienda no reconoció la
nueva Ley Orgánica N° 5498/15, que crea la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera,
que en ese momento aún no estaba reglamentada, y rechazó el pedido de los
inspectores, advirtiendo que aún no cumplieron con los años servicios exigidos
para acogerse a la jubilación.

A partir de allí, los afectados recurrieron a varias
instancias para lograr su reincorporación durante el anterior Gobierno, pero
les negaron sus peticiones.

Nuevo
Gobierno, demostró mayor interés

Según Bordón, con el nuevo Gobierno de Mario Abdo
Benítez, tuvieron mayor apertura, donde el ministro Arnoldo Wiens, demostró
interés en la situación que están atravesando los afectados que prácticamente
quedaron desamparados sin sueldo y sin poder acceder a sus respectivas jubilaciones,
que les corresponden por ley.

El vocero aclaró que el pedido de la reincorporación
no es para volver a ocupar cargos en la institución, sino más bien para
completar la antigüedad de 30 años, y de ese modo acceder a la jubilación tal
como establece la nueva Ley Orgánica.

Explicó que antiguamente la Patrulla Caminera regía
por la Ley N° 1626 de la Función Pública, que exigía 40 años de aporte y 75
años de edad como requisitos fundamentales para acceder a la jubilación.

Pero en el año 2015 entró en vigencia la Ley 5498 de
la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y Establece en su Carta Orgánica,
nuevos parámetros para acceder a la jubilación de los inspectores de la
Patrulla Caminera.

El principal obstáculo de los 24 inspectores fue que
en ese momento la nueva ley aún no estaba reglamentada, y quedaron sin poder
acceder a los beneficios que les corresponderían por sus jubilaciones.

Resultó víctima del brutal ataque el joven Jeremías
Marcelo Álvarez, de 21 años, domiciliado en el barrio San Miguel de San
Lorenzo, quien recibió ocho puñaladas en el muslo y varios golpes en la cabeza,
luego de resistirse a ser despojado de sus pertenencias.

El joven fue auxiliado por los vecinos y trasladado al
Hospital Regional de Luque, donde se encuentra internado y fuera de peligro,
según el reporte médico.

El hecho ocurrió en las calles General Díaz y Calle
Última del Cuarto Barrio de Luque, consigna el informe de la Comisaría 3ra de
Luque.

Según el reporte policial, el joven iba caminando
cuando lo interceptaron a bordo de un automóvil, de color azul, y le exigieron
la entrega de sus pertenencias, pero la víctima opuso resistencia y fue atacado
brutalmente y lo dejaron abandonado en la vereda gravemente herido.