Fiscalía pone trabas y desalojo queda «en suspenso» en Costa Sosa

• 

El miércoles
se procedió al desalojo y demolición de la vivienda ocupada por Ángel Gamarra,
quien fue detenido durante el procedimiento fiscal y policial por resistencia,
pero no fue imputado y quedó libre.

Sin embargo,
la fiscal interviniente comunicó al representante legal de la empresa Negocios
Inmobiliarios, Abog. Robert Giménez, que el desalojo de varias familias “queda
en suspenso” por falta de “disponibilidad de tiempo”.   

“Lastimosamente
la fiscal pone obstáculos y debemos ver cuando continuar los desalojos. Dijo
que va a pedir más informes antes de continuar”, comenzó diciendo el abogado
litigante.

Giménez cuestionó
la labor de la fiscal Mirta Ortiz, señalando que “la fiscal funge más de
defensora de los invasores que velar por los derechos de la víctima, que en
este caso la propietaria Rosana Palacios”.

Analizan recusar a la fiscal

• 

El abogado
Robert Giménez adelantó que con su cliente analizan presentar una recusación
contra la fiscal Ortiz. “No se puede tolerar tanto manoseo”, agregó.

“No sé qué
informes va a pedir si está más que confirmada la ocupación ilegal de la
propiedad de mi cliente. Además existe flagrancia con la presencia de los
presuntos invasores en la finca de 3 hectáreas y a pesar de la notificación no
salen del inmueble”, cuestionó el profesional.

Giménez se
quejó por qué “al final los invasores son presentados por las propias
autoridades como víctimas y los dueños como malvados e insensibles”.

Explicó que los
ocupantes hace tres años permanecen en el lugar, pese a que presentaron todos
los documentos del inmueble en disputa al Ministerio Público.

Precisamente
la Fiscalía ejecuta tres años después un desalojo a medias.

Instigador en la mira

• 

En la zona
de Costa Sosa se instalaron más de cien familias en las fincas pertenecientes a
al menos tres inmobiliarias y a propietarios particulares.

Los
presuntos invasores señalaron que fueron estafados por un tal Román López, quien
supuestamente les instigó para ocupar las propiedades a cambios de pagos a menor
costo.

Los
afectados al percatarse del desalojo se acercaron junto a los intervinientes
policiales y de la Fiscalía para informar que ellos compraron los terrenos de
Román López, quien vive en la zona.

Precisamente,
cuando comenzó la ocupación de los terrenos hace tres años, López fue detenido,
imputado y remitido a la cárcel por unos días, pero luego recuperó su libertad
y siguió estafando a las familias, ofreciendo los terrenos a bajo precio y con
la promesa de que una vez finalizado el pago se procedería a la transferencia
del terreno a nombre de cada comprador.